¿Hipotecados por un lustro? La consellera de Urbanismo y Vertebración del Territorio, María José Salvador, se ha encontrado en el cajón facturas pendientes de pago por valor de 105 millones de euros, de infraestructuras ya realizadas en la Comunidad Valenciana y que van a hipotecar, si el Gobierno central no lo remedia con más financiación, o al Consell le toca «la primitiva», los nuevos proyectos autonómicos hasta, al menos, 2020.
De momento, en los presupuestos de 2016 no se ha incluido ninguna partida para proyectos nuevos y, ni siquiera para acabar obras importantes para la provincia de Alicante como el desdoblamiento de la línea del tranvía en el túnel de la Serra Grossa. Una actuación clave para mejorar las frecuencias del tranvía y la conexión con Benidorm, máxime cuando del proyecto del «tren de la costa» poco se sabe pese a las buenas palabras del Ministerio de Fomento.
En la provincia de Alicante la deuda alcanza los 28 millones de euros, de los que casi tres corresponden a intereses que están pendientes de pago de dos proyectos inaugurados en 2010, pero que no acabarán de abonarse hasta diez años después, en 2010, según figura en los primeros presupuestos del Consell de Ximo Puig. Se trata de la remodelación de la avenida de Dénia en Alicante (obra que costó 54 millones de euros incluidos los 3,4 millones de euros en intereses) y el paseo marítimo de la playa de Poniente de Benidorm (24,2 millones de euros). Ambas actuaciones se ejecutaron mediante el denominado «modelo alemán» que carga el grueso de la inversión en las constructoras que, en este caso, actúan como un banco. En total, las obras pendientes de pagar en la Comunidad Valenciana son la autovía que conecta Castellón con su aeropuerto y dos actuaciones para mejorar la red del metro en Valencia.
La avenida de Dénia fue uno de los proyectos estrella en infraestructura viaria del gobierno autonómico del PP, que se gastó la friolera de 54 millones de euros en una gran obra, pero con sus matices, porque no se acabó y tampoco sirvió para mejorar la trama urbana entre la glorieta del centro comercial Plaza Mar 2 y el colegio Calasancio. Una zona urbana peligrosa al estar muy urbanizada y con el propio colegio. La nueva avenida se inauguró en noviembre de 2010. Un tramo de más de tres kilómetros que agiliza el paso diario de 60.000 vehículos con un ahorro de 10 minutos en el cruce la zona. Entonces se anunció que obra se amortizaría en 9 meses. Han pasado cinco años.
Las obligaciones de pago con las que se enfrenta el nuevo Consell y la penuria de las arcas, unida a la filosofía social que se lleva la mayor parte del exiguo presupuesto, provoca que la conselleria que dirige María José Salvador pague los platos rotos de la angustia financiera de la Generalitat, y no podrá comenzar ni un proyecto nuevo.
Un año más, y van cinco, el proyecto de la variante ferroviaria de la Serra Grossa, clave para aumentar los servicios del tranvía, se queda en el cajón y no hay ni un euro para terminar el túnel (10 millones de euros) que falta por completar, y cuya equipación se paró en la primavera de 2011. Mientras, el desarrollo del tranvía en Valencia si que tiene presupuesto. Más de 16 millones euros para mejorar diferentes tramos.
La Conselleria manejará un total de 343 millones de euros, tres más que este año. En política de vivienda, destacan los cerca de dos millones de euros que se invertirán en la rehabilitación de pisos sociales que forman parte del parque público de la Generalitat, entre las que destacan las 200 viviendas inhabitables que también han encontrado los técnicos en la provincia cuando se han puesto a actualizar el censo de pisos de cara a crear una red de alquiler social. En materia de rehabilitación, la Conselleria invertirá 403.000 euros en el casco antiguo de Orihuela; 92.000 euros para la cubierta de la iglesia de Santa Cruz de Pedreguer; 486.000 en la rehabilitación de la iglesia de Tabarca y 9.000 euros en la reurbanización de la plaza de deportes de Altea.
En cuanto a infraestructura viaria, curiosamente la partida con mayor presupuesto es la que se refiere a la avenida de Dénia, finalizada hace cinco años aunque nunca se completó el proyecto original por la falta de carril-bici y la adecuación del tramo Calasancio-Goteta. Trece mil euros hay consignados para la variante de Aspe; 76.000 euros para la duplicación de la variante de Torrevieja y 248.000 para la variante de la CV-70 entre Alcoy y Benidorm.
El Consell sí que ha tenido en cuenta la reivindicación del presidente de la OAMI, Antonio Campinos, y en las cuentas de 2016 ha consignado una partida de 20.000 euros para construir un carril-bici que conecte el barrio de San Gabriel con la oficina europea.
Una Generalitat hipotecada que, salvo milagro, dejará a la provincia sin las inversiones en obra pública, las que más empleo generan, tanto directo e indirecto, pese a los cantos el cambio de ciclo.
