La regularización catastral rural que está realizando el Ministerio de Hacienda desde principios de año en la provincia de Alicante ha puesto en pie de guerra a los agricultores, que se van a ver obligados a tributar el IBI de construcciones rústicas por las que hasta ahora no pagaban y que son imprescindibles para desarrollar su trabajo, como balsas de riego, casas de aperos, casetas de riego o pequeños almacenes para guardar la maquinaria. En este sentido, la Uniò de Llauradors anunció ayer que ha puesto a sus servicios jurídicos a disposición de los agricultores y alertó de que hay que darse prisa porque el plazo para presentar recurso es sólo de un mes.
