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El puerto encarga un informe jurídico sobre la carga de graneles

La Autoridad Portuaria desconoce si es ella o las empresas las que deben solicitar la licencia municipal ambiental

El puerto encarga un informe jurídico sobre la carga de graneles

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, ha encargado un estudio jurídico a los profesionales del puerto y a Puertos del Estado para determinar quién debe solicitar la licencia ambiental municipal que exige el Ayuntamiento de Alicante para permitir el movimiento de graneles en el muelle 17 licencia ambiental municipal tal como se viene desarrollando hasta ahora, si el puerto o las empresas. El informe, según apuntó un portavoz autorizado de la Presidencia, determinará, por otro lado, si la ley obliga al puerto a almacenar el carbón y el cemento en naves cerradas, tal como exige Urbanismo.

El equipo del puerto se enfrenta, junto al Consistorio, desde el pasado viernes a una denuncia ante Anticorrupción por un presunto delito de prevaricación por omisión al entender la asociación Gran Vía Sur-Puerto que la actividad que se desarrolla en el muelle 17 es ilegal, algo que el presidente de puerto ha negado desde que tomó posesión. «Se hará lo que diga la ley», sentenció el portavoz de Gisbert.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Autoridad Portuaria de Alicante -colectivo que agrupa a 1.800 empleados que dependen de la actividad de los muelles- y los sindicatos descartaron ayer las acusaciones de los vecinos del puerto en relación a que la actividad de carga y descarga de graneles en el muelle 17 pueda atentar a la salud y reclamaron al concejal Miguel Ángel Pavón que acepte la invitación a visitar las instalaciones. Pavón, según Antonio Martínez, portavoz de la asociación y delegado de CC OO, es el único político que ha rechazado recibir información y explicaciones de cómo se realiza el movimiento de los graneles. Martínez aseguró que el puerto tiene las medidas correctoras suficientes para impedir que las nubes de polvo lleguen a las viviendas y «los datos están ahí y se pueden comprobar. Nosotros, como trabajadores, somos los primeros interesados en que se cumpla la normativa y, por otro lado, los exámenes de salud que nos realizan nunca han detectado ni casos de asma ni, mucho menos, de cáncer».

Martínez explicó que en el muelle 17 existen pantallas protectoras para impedir que el polvo de las descargas supere el recinto «y además cuando vemos que la velocidad del viento supera los límites se actúa con conos de agua que mojan el polvo y cae sobre el muelle. Incluso existe un sistema de luces de emergencia rojas que se encienden de manera automática cuando sopla mucho viento y entonces la actividad se detiene».

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