El alcalde, Gabriel Echávarri, avanzó ayer que pedirá a la embajadora de Suecia en la reunión que mantendrá con ella en Madrid el viernes que le ayude «a buscar un sitio imparcial, neutral, donde se pueda negociar con total transparencia» con la multinacional Ikea. El regidor indica que pedirá ayuda para «abrir cauces de comunicación y normalizar» la relación con la firma que, según admitió, «se ha enturbiado últimamente».

Se refirió a la reunión de septiembre en la que los responsables de la multinacional se levantaron de la mesa al ver aparecer a los fotógrafos y al hecho de que directivos de la firma mantuvieran, hace unas semanas, un encuentro con los medios de comunicación para informarles de la situación sobre el proyecto y «no llamaran» al Ayuntamiento.

Desde el tripartito pretenden ofrecer una alternativa de suelo para Ikea desde Urbanismo sostienen que en ellas no tendría cabida un macrocentro comercial y negociar con ella su llegada a Alicante en una situación de seguridad jurídica. Ikea, por su parte, reiteró ayer que su intención es asentarse en Rabasa y con el proyecto que actualmente tramita el Consell bajo la figura de una Actuación Territorial Estratégica. Es decir, con una tienda y un macrocentro comercial sobre una parcela de 300.000 metros cuadrados, 125.000 de ellos edificables.

«Le voy a comentar la situación con la multinacional, el problema que tenemos y la total disposición del Ayuntamiento que se instale en Alicante», subrayó Echávarri acerca de su reunión con el agregado comercial de la embajada de Suecia. El alcalde mostró su intención de «agotar todas las vías» para ello. Recordó que abarcarán otros asuntos como la Volvo o la promoción de las hogueras.

Por otro lado, el regidor respondió ayer a la demanda del PP de poder tener acceso libre al registro de documentos que entran y salen del Ayuntamiento remitiéndoles el informe del secretario municipal que la exalcaldesa, Sonia Castedo, encargó en 2014 para justificar las restricciones de acceso a esta información.

Un informe que fue muy criticado por la oposición, ahora en el gobierno, que se refirió a las restricciones como «circular mordaza» o «cerrojazo» informativo. No obstante, en su respuesta al PP Echávarri matiza que están «trabajando para habilitar un programa informático que permita facilitar el acceso a los documentos, sin vulnerar la ley de protección de datos».