El Ayuntamiento de Alicante ha trasladado a la Autoridad Portuaria de Alicante, que una de las condiciones innegociables para obtener la licencia ambiental que legalice la carga y descarga de carbón, cemento y otros graneles sólidos en el muelle 17 del puerto es que el almacenamiento de esta mercancía se realice en silos, o en naves cerradas. Un tema que viene coleando desde el 11 de diciembre de 2009, fecha en que el Consistorio recibió esta advertencia de la Conselleria de Medio Ambiente. Cinco años después, el aviso recobra actualidad tras el escrito enviado el pasado viernes por el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, al presidente del puerto, Juan Antonio Gisbert, al que instó a solicitar una licencia que es competencia del Ayuntamiento.
Un paso adelante dado por Pavón que coincidió con el día en que la asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto presentaba una denuncia ante el Tribunal Anticorrupción de Alicante, al considerar que el Ayuntamiento y el puerto pueden haber cometido un delito de prevaricación por omisión, al permitir que la actividad siga desarrollándose al aire libre, lo que en ocasiones provoca nubes de polvo contaminante, según vienen denunciando los vecinos desde hace años, aunque nunca habían dado un paso tan importante. Ayer, Gran Vía Sur-Puerto recordó en un comunicado que la responsabilidad, de iniciarse una investigación por Anticorrupción, habría que atribuírsela al equipo de gobierno de la anterior Corporación municipal, presidida por Sonia Castedo, que nunca hizo nada, según los residentes afectados por la actividad industrial del puerto.
Los requisitos que debe acreditar el puerto para obtener la licencia son que la descarga de los buques se realice mediante una tolva ecológica con aspiración y posterior tratamiento del aire mediante filtros, y que todo el almacenaje se realice en naves cerradas o silos. Por otro lado, todos los equipos de corrección de la contaminación deberán contar con chimeneas de emisión dotada de punto de medida. Asimismo deberán incorporar, entre otras medidas, un sistema de lavado de bajos de los camiones a la entrada y salida del muelle.
El vicealcalde y concejal de Urbanismo y Vías Públicas, Miguel Ángel Pavón, envió el pasado viernes un escrito al puerto en el que se requiere al presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, la obtención de una licencia ambiental que debe tramitar el Ayuntamiento para el ejercicio de la actividad de manipulación de graneles pulverulentos (carga y descarga de carbón y cemento) en el puerto. En el escrito, Pavón le recordó que la actividad está sometida a licencia ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la ley autonómica de prevención, calidad y control ambiental de actividades.
El Ayuntamiento recuerda en el escrito remitido al presidente del puerto que «la actividad debe ser compatible con la protección de la salud y del medio ambiente y la licencia debe garantizar esa compatibilidad con las oportunas medidas correctoras que deban establecerse». El edil Pavón no está en contra de la manipulación de los graneles, pero sostiene que la actividad debe cumplir escrupulosamente con la protección del medio ambiente y evitar posibles afecciones a los vecinos del entorno.
A finales de 2008 se sometieron a información pública unos expedientes para que las tres empresas que operan con graneles en el puerto obtuvieran la correspondiente licencia municipal, que al final fueron archivados por el equipo de gobierno, ya con Sonia Castedo como alcaldesa. Se incorporó también un informe de la Conselleria de Medio Ambiente que reclamaba medidas correctoras.
El puerto ha defendido siempre que la actividad que se desarrolla en el muelle 17 cumple con la legislación ambiental, gracias a pantallas protectoras e, incluso, alertas para parar la carga y descarga cuando el viento supera una velocidad punta y genera nubes de polvo. Algo que no es suficiente para los vecinos, que cuentan con informes contrarios del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y del Síndic de Greuges.
Por otro lado, desde ayer, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, investiga si permitir esta actividad puede ser considerada un delito de prevaricación por omisión, tal como reza la denuncia presentada el viernes por los vecinos. Briones tiene previsto pedir informes a las cuatro administraciones implicadas. La Autoridad Portuaria de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat y Puerto del Estado. A partir de ahí decidirá si el tema acaba el Juzgado para determinar si existe el delito de prevaricación por omisión que denuncia Gran Vía Sur.
