El Ayuntamiento de Alicante sostuvo ayer que la suspensión del Decreto Ley de Universalidad de la Atención Sanitaria del Consell tras el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) podría afectar a «cerca de 5.000 inmigrantes» en la ciudad de Alicante.
Esta cifra facilitada por la concejala de Inmigración en Alicante, Gloria Vara, contrasta con las apenas 5.400 tarjetas sanitarias que hasta el momento de la suspensión había tramitado la Conselleria en manos de la socialista Montón, entre las tres provincias.
Pese a la decisión del Constitucional, la Generalitat ha dado instrucciones a los responsables de los departamentos sanitarios para que se continúe atendiendo a las personas en situación irregular, como antes de la suspensión.
