La Delegación del Gobierno, organismo en la Comunidad Valenciana que depende del Gobierno central, asegura que no es la primera vez que la Subdelegación en Alicante abre de oficio una investigación sobre la contratación por parte de un Ayuntamiento de un informe económico-financiero de las cuentas municipales, que es susceptible de ser considerado una auditoría externa.
«Se suele pedir información a los ayuntamientos cuando existen dudas», se aseguró desde el organismo del Estado en Valencia, desde donde, sin embargo, no supieron concretar cuántas de esas investigaciones han culminado en una impugnación del contrato suscrito por la Administración local en cuestión y la entidad a la que se le ha contratado el informe.
La Subdelegación solicitó el pasado 3 de noviembre, pese a que tenía conocimiento del contrato entre el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad Miguel Hernández desde el pasado 29 de septiembre, toda la información disponible sobre el contrato de asesoramiento para realizar «un estudio de carácter económico y financiero a partir de la información contable y presupuestaria suministrada por el Ayuntamiento de Alicante, sobre la que no se realizará ningún trabajo de auditoría, y que permita la evaluación de la gestión en el Ayuntamiento, evaluando la eficiencia en la gestión presupuestaria, así como su situación financiera, en el periodo 2011-2015». Tanto el tripartito como la Universidad de Elche niegan que se trate de una auditoría.
