La consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, trasladó ayer a los ayuntamientos de la provincia -unos sesenta alcaldes, ediles y técnicos acudieron a la cita de Alicante- que la consigna de la Generalitat para esta legislatura en materia de Urbanismo es la apuesta por la rehabilitación y la regeneración de la ciudad consolidada rehabilitación, filosofía que comparte la UE y que cuenta con una subvención europea para España de 600 millones de euros hasta 2020, de los que unos 200 están asignados a la Comunidad Valenciana. Un objetivo que deja en un segundo plano el apoyo para la construcción de viviendas nuevas, lo que popularmente se conoce como el impulso al ladrillo.
Salvador participó en el Museo de Arte Contemporáneo en una jornada cuyo objetivo era informar de los pasos a seguir para solicitar las ayudas «y que no pase como en la legislatura anterior, cuando se perdieron hasta dos tercios de las subvenciones», subrayó Salvador, quien afirmó que las miles de viviendas que hay sin vender (50.000 según el Consell) hacen que la prioridad de su conselleria en estos momentos sea la rehabilitación, «cuyo presupuesto crece un 110% para 2016.
Rehabilitación, regeneración urbana y eficiencia energética. Estos son los tres ejes que marcan la política urbanística del Consell esta legislatura, según enfatizó la consellera Salvador, y para ello apeló ayer a que los ayuntamientos recurran a los fondos Feder, que obligan, por otro lado, a que la otra parte aporte la misma cantidad que se solicita. La consellera admitió que el cemento, como se ha entendido en los últimos años, no tiene mucha cabida en el nuevo Consell, que apuesta por una vertiente más social. De hecho, la conselleria manejará el año que viene 5,5 millones de euros para la reforma del parque público de viviendas (200 pisos necesitan mejoras en Alicante) y ha habilitado una partida de seis millones de euros para combatir la pobreza energética.
Los ayuntamientos tramitarán las solicitudes de las familias que no puedan hacer frente al pago de las facturas fundamentales como la luz o el agua, según avanzó la consellera. Esta medida se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el nuevo gobierno valenciano en la mesa de Prevención de Desahucios donde están representadas entidades sociales, financieras e institucionales. Salvador destacó que la Conselleria va a sacar la orden para tramitar esta partida presupuestaria, que será gestionadas con la colaboración de los ayuntamientos y las entidades sociales. También hizo referencia a que con esta partida presupuestaria se liberará a los ayuntamientos de una sobrecarga financiera.
La consellera reiteró que «la hoja de ruta es actuar sobre la ciudad consolidada, rehabilitar y regenerar espacios urbanos. La rehabilitación genera tres puestos de trabajo más que la obra nueva, mejora la accesibilidad y la calidad de las viviendas», según Salvador.
La consellera recordó que en la Comunidad Valenciana hay un amplio ámbito de actuación en materia de rehabilitación y regeneración urbana. «Tenemos en la mayoría de municipios un parque de viviendas antiguo que se tiene que reformar; existen unos 500.000 edificios en toda la Comunidad de más de tres pisos sin ascensor, hay que mejorar la accesibilidad, y hay 1,2 millones de viviendas que presentan deficiencias energéticas».
En cuanto a la recuperación urbana, el Consell actuará en la ciudad de Alicante en los barrios de Juan XXIII, José Antonio y Nou Alcolecha, según apuntó en su visita al municipio. Otros barrios susceptibles de regeneración son San Antón y Palmerales, en Elche; Colonia Madrid, en Benidorm o la Tafalera, en Elda.
