Fuera de contratas, porque llevan meses caducadas, y, esta vez, por la vía de urgencia. Aunque el mecanismo ha sido criticado en reiteradas ocasiones por los miembros del tripartito cuando estaban en la oposición, el equipo de gobierno volvió a recurrir a él ayer para acordar en la Junta de Gobierno Local el pago de 823.000 euros por servicios que se prestan sin que las contratas estén en vigor. Se trata del mantenimiento del cementerio del mes de septiembre (31.754 euros); de la limpieza de colegios y dependencias municipales de ese mes (746.070 euros); y del suministro de infraestructuras festivas entre julio y octubre (45.685 euros). Tres contratos caducados, dos de ellos bajo investigación judicial, que siguen prestándose sin que el tripartito los municipalice o los vuelva a sacar a licitación.
«Hilar fino»
El portavoz del tripartito, Natxo Bellido, incidió que están realizando estudios y en que deben «hilar muy fino» para municipalizar servicios, teniendo en cuenta que deben cuadrar las partidas presupuestarias para que los gastos del servicio y de personal estén equilibrados. En cualquier caso, aseguró que pretenden dar una solución, en uno u otro sentido, antes de que acabe el año. Bellido admitió que se les «agota el tiempo».
El contrato de mantenimiento del cementerio, que se adjudicó a una empresa de Enrique Ortiz, caducó hace más de un año y el de limpieza colegios y dependencias, también de Ortiz, lo hizo el pasado junio. El propio Bellido explicó que en el acuerdo para que Ortiz siguiera prestando el servicio de limpieza al margen del contrato se acordó una reducción del coste del 5%. Bellido no aclaró si ya se está aplicando, pero incidió en que «si no es así, se aplicará de manera retroactiva».
Garantía a Isjoma
En cuanto al contrato de suministro de sillas, indicó que no sólo se está contratando con Isjoma (la adjudicación anterior es objeto de una investigación judicial), también con otras empresas. «Se contratan actuaciones puntuales y se contrata a las que den una mejor oferta», señaló Bellido. Esta contrata con Isjoma caducó en mayo de 2015.
Aunque la investigación sobre la adjudicación sigue abierta, hace dos semanas se conoció una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obligaba al Ayuntamiento a indemnizar con medio millón a la empresa a la que se debería haber adjudicado. Teniendo esto en cuenta, el equipo de gobierno dejó ayer sobre la mesa de la Junta Local la devolución de la garantía del contrato a Isjoma para pedir «un informe jurídico» antes de hacerlo «para tener más seguridad», dijo Bellido.
