El equipo de gobierno local no aclaró ayer por qué y cómo a escasos trece días de contratarse con la Universidad Miguel Hernández una «auditoría exprés» de la gestión económica del PP en el Ayuntamiento de Alicante (entre 2011 y 2015), el alcalde, Gabriel Echávarri, ya conocía datos de la misma que le llevaron a concluir públicamente que arrojaba «sorpresas negativas» y que sería presentada en cuestión de semanas, aunque el plazo de ejecución es de tres meses. Como avanzó este diario, la legislación impide a los ayuntamientos contratar auditorías externas de las cuentas, reservando esta función a la Intervención Municipal y a la Sindicatura de Cuentas, motivo por el cual, desde el tripartito, eluden definirla como auditoría y la califican de «estudio económico y financiero» del Ayuntamiento.
Por decreto del alcalde, el Ayuntamiento contrató el pasado 25 de septiembre a la Universidad Miguel Hernández, de manera directa, sin un proceso de libre concurrencia, con un contrato menor valorado en 21.773 euros, la elaboración del citado informe. El contrato entró en el registro de la universidad el 6 de octubre y sólo dos días después, el 8 de octubre, Echávarri aseguró que arrojaba «sorpresas sorprendentes» de carácter «negativo» sobre la gestión del PP. El 21 de octubre, cuando todavía no se cumplía un mes desde la contratación, el primer edil esgrimió que «ya está ultimado» y un día antes, el 20 de octubre, su socio de gobierno y portavoz municipal, Naxto Bellido, indicaba que «no nos dará una sonrisa ni nos dejará tranquilos».
Bellido, portavoz de Compromís, esgrimió ayer que no conoce el contenido del informe económico y que realizó esas declaraciones después de que «el alcalde me transmitiera que no era halagüeño». Sobre cómo el primer edil conocía datos sobre el mismo sólo trece días después de contratarlo, consideró que «supongo que alguien del equipo que lo está elaborando se lo habrá adelantado», sin mayor concreción. Bellido indicó que esta semana está previsto que conozcan «no se si todo o parte» del informe. El alcalde no se pronunció ayer al respecto - desde su entorno justificaron que estaba enfermo -, pero desde su equipo tampoco lo explicaron. «Tendría contacto con ellos, no lo sé», apuntó la edil de Hacienda, Sofía Morales, quien instó a preguntarle al regidor. El vicealcalde de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, tampoco dio explicación al respecto. «No lo sé, preguntad al alcalde», dijo Pavón, quien aseveró que él no ha tenido acceso al contenido del informe.
Aunque los socios del tripartido indican que la contratación del informe ha partido de la Alcaldía, cierran filas asegurando que no se trata «de una auditoría», sino de un «informe económico independiente para conocer la situación real de las cuentas del Ayuntamiento», tal y como figura en uno de los puntos del acuerdo de gobierno. En ello se basan para respaldar la petición del informe. No obstante, tanto Bellido como Pavón evidenciaron su desconcierto al conocer que, como responsable del contrato, figurara el jefe de Protocolo de la Alcaldía, Rafael Gregori, un cargo de confianza del alcalde Echávarri, que ya lo fue también del exalcalde del PP Luis Díaz Alperi. «Legalmente puede, pero no es lo más adecuado», consideró Bellido, quien pidió explicaciones al respecto al alcalde. Pavón consideró que «eso es lo más criticable» y que «a lo mejor no es la persona» indicada para ello. Desde el PSOE reaccionaron ayer mismo rectificando el decreto de la contratación y sustituyendo el nombre del asesor por el del jefe de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, como confirmó la edil de Hacienda, Sofía Morales, quien aseguró que se trató de «un error de transcripción». No obstante, no se corrigió hasta ayer, una vez hecho público por este diario y una vez que los socios de gobierno mostraron su discrepancia. El decreto modificado está a expensas de la firma del alcalde.
Desde la oposición, el PP exigió ayer «claridad y transparencia sobre el contrato de la auditoría» y consideró que «las presuntas irregularidades deberían conllevar su nulidad». Los populares reclaman al equipo de gobierno el informe de la intervención al que se hace referencia en el decreto de contratación y aseguran que se les ha dado información incompleta. Para el PP se trata de «un contrato plagado de irregularidades que deberían llevar a su nulidad» y cuestiona que el informe no se encargara a la Intervención Municipal «que es el órgano competente». Desde Ciudadanos, insisten en que «no es adecuado contratar un informe externo porque el Ayuntamiento dispone de medios».
