Polémica por la "auditoría exprés"

Sánchez Zaplana sobre la gestión del PP: «No pongo la mano en el fuego por nadie»

La portavoz popular considera que el informe económico contratado a la UMH es «una auditoría encubierta»

04.11.2015 | 10:50

Asegura que el estudio está «en fraude de ley». Denuncian que no se justifica la necesidad ni la imposibilidad de hacerlo con fondos propios.

«Yo no pongo la mano en el fuego por nadie», respondió ayer la portavoz del PP, Asunción Sánchez Zaplana, al ser preguntada por la gestión económica del PP en el Ayuntamiento de Alicante con el exedil Juan Seva al frente. Cuatro años (2011 a 2015) en los que se centrará la «auditoría exprés» que el tripartito ha encargado por 21.773 euros a la Universidad Miguel Hernández bajo la denominación de «informe económico y financiero del Ayuntamiento» para evitar así el término auditoría, teniendo en cuenta que la legislación impide encargar auditorías externas de las cuentas municipales.

La portavoz del PP criticó ayer esta contratación del informe que, en su opinión es competencia del interventor municipal, y que calificó de «auditoría encubierta», por lo que consideró que «estaríamos ante un contrato suscrito en fraude de ley y que sería nulo» e indicó que no descartan recurrir a los tribunales el contrato o la «posible falta de documentación», en referencia a que no poseen informe alguno del interventor.

Los populares urgen al alcalde, Gabriel Echávarri a explicar por qué 13 días después de firmar el contrato ya conocía datos del informe «¿Cómo se puede haber hecho en días un informe sobre cuatro años?», se preguntó Sánchez Zaplana e inciden en que no se ha justificado «la necesidad» y la «total imposibilidad» de realizar ese estudio de las cuentas con medios propios» teniendo en cuenta «que la ley pretende evitar el uso de fondos públicos para intereses particulares eludiendo el buen uso de los medios públicos disponibles».

Sobre la justificación realizada por el tripartito, que en un comunicado aludía a que «el anterior equipo de gobierno del PP destituyó al Interventor Habilitado Nacional porque no aceptaba avalar ciertas operaciones» y que por ello el actual gobierno «se plantea la necesidad de realizar un informe económico que saque a la luz las posibles operaciones no supervisadas por un Interventor Habilitado Nacional», los populares lo calificaron de «excusa». Sánchez Zaplana defendió que las cuentas municipales están «suficientemente controladas».

Sánchez Zaplana incidió en que ya existen mecanismos de control interno y externo de las cuentas municipales, entre los que citó a la Intervención Municipal, al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas o el propio control que ejerce el Ministerio de Hacienda desde que interviniera el Ayuntamiento en 2012.

«Nos preocupa que se hayan hecho bien y las cosas se han hecho bien. Porque, si no, ¿los órganos de control qué habrían dicho? El Tribunal de Cuentas, la Sindicatura, el ministerio, la Intervención Municipal....», dijo Sánchez Zaplana, quien obvió el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas que reveló el descontrol en el gasto, los contratos y la gestión económica municipal en el año 2011, además de poner en cuestión la degradación del interventor.

Preguntada directamente sobre si pondría la mano en el fuego por la gestión económica del edil del PP Juan Seva (inhabilitado por su gestión en el Lucentum) durante los últimos cuatro años, Sánchez Zaplana sorteó la respuesta. «Lo que no pongo en cuestión en ningún momento es el trabajo de los profesionales de este Ayuntamiento» y, en referencia expresa a los técnicos de Hacienda, justificó que «ellos acreditan el trabajo que se ha hecho en los últimos años». Repreguntada al respecto, aseguró: «Yo no pongo la mano en el fuego por nadie». Prosiguió matizando que además de Seva hubo otro concejal en el área de Hacienda, Pablo Sandoval, (apenas estuvo los tres últimos meses de mandato) y dijo estar «convencida de que han seguido escrupulosamente todas las instrucciones de los técnicos y los funcionarios de Hacienda». En esa línea, incidió: «No me cabe duda de que se han respetado todos los criterios profesionales en este caso y que ambos han hecho bien su trabajo».

Para los populares, el hecho de que el tripartito haya anunciado que rectificará el decreto del contrato para sustituir como responsable del mismo a un asesor del Alcaldía por un técnico municipal, supone que se está «reconociendo la primera irregularidad», dijo el portavoz adjunto Luis Barcala, quien calificó de «burdo» el contrato. Para Sánchez Zaplana «el problema no es el tipo de contrato» (menor y sin un proceso de libre concurrencia) sino el objeto.

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