El Tribunal Supremo ha ratificado la anulación de la orden de la Generalitat Valenciana, aprobada por el anterior gobierno, que obligaba al personal sanitario a la jubilación forzosa a los 65 años. La sala rechaza de este modo el recurso de la Conselleria de Sanidad contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que dio la razón al sindicato CSI·F y declaró la nulidad de la normativa.

Según este sindicato, el alto tribunal considera que para regular una cuestión de estas características «es necesaria una norma de mayor rango». Según el CSI·F, el tribunal apunta que «la regulación de la jubilación afecta directamente a los derechos del personal, por lo que deriva la conveniencia de su regulación mediante norma de mayor rango que una orden de Conselleria».

La Generalitat alegó que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV no había motivado una de las cuestiones que le sirvieron para estimar el recurso del sindicato ya que la sentencia no justificaba el porqué se exige el rango de Decreto para regular el personal estatutario, sin distinguir entre funcionarios y personal estatutario. La sala valenciana entendió que únicamente la «premura y celeridad» en la elaboración de la orden recurrida proporciona al «inadecuado» rango elegido para regular la materia que «debió instrumentalizarse con mayor sosiego en su tramitación». Al respecto, el TS argumenta que la sentencia motiva «suficientemente» la exigencia del nivel normativo, aunque otra cosa es que la administración recurrente discrepe de los fundamentos. CSI·F considera una gran noticia el dictamen del Supremo, ya que la orden de jubilación forzosa «ocasionaba un grave perjuicio a los interesados porque les priva de su derecho a continuar en el servicio activo a pesar de que se encuentren en perfectas condiciones».