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El PP amenaza con la «vía judicial» ante la «gravedad» de los hechos

Ciudadanos exigirá explicaciones al tripartito y, de no resultar «satisfactorias», denunciará la auditoria ante los tribunales

Sánchez Zaplana y Cifuentes. isabel ramón / pilar cortés

La auditoria externa contratada por el Ayuntamiento de Alicante a la Universidad Miguel Hernández para analizar el estado de las cuentas municipales y evaluar la gestión del gobierno del PP durante los últimos cuatro años provocó ayer airadas críticas entre la oposición. El Partido Popular y Ciudadanos, con ocho y seis concejales respectivamente en el Consistorio, anunciaron que no descartan acudir a los tribunales ante la decisión del tripartito de saltarse la ley al realizar una auditoría exprés ajena a los servicios municipales de intervención.

El Partido Popular, a través de un comunicado de prensa, sostuvo que, «ante la gravedad de los hechos», la formación liderada por Asunción Sánchez Zaplana «no descarta tomar medidas contundentes y acudir a instancias superiores donde se puedan dilucidar posibles irregularidades». Incluso, los populares amenazan con acudir a los tribunales. Previamente, según fuentes del PP, «exigirán» a los técnicos municipales todos los informes que puedan derivarse de la tramitación del expediente. Además, como viene haciendo en las últimas dos semanas, el PP volvió a reclamar ayer al tripartito el «expediente completo de la presunta auditoría encubierta contrata de forma directa». Los populares, según el comunicado, denuncian el «oscurantismo» que rodea este estudio económico contratado por el regidor, Gabriel Echávarri, a la Universidad Miguel Hernández. «El alcalde ha hecho oídos sordos a esta petición, a pesar de los numerosos requerimientos cursados hasta la fecha por escrito a través del Registro Municipal», añadieron desde el grupo popular

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, José Luis Cifuentes, calificó de «incomprensible» la decisión del gobierno local de contratar una auditoria externa. «Estamos alucinados. Además están gastando un dinero público innecesario. Siendo demagogos, con 20.000 euros se puede comprar una vivienda social», sostuvo Cifuentes, quien anunció que su formación pedirá explicaciones al tripartito para conocer su versión oficial. «Si la respuesta no resulta satisfactoria, nos plantearemos denunciar el caso. No nos vamos a andar con miramientos», concluyó el concejal de Ciudadanos, quien sin embargo no se quiso pronunciar acerca de la proximidad de la auditoria «exprés» con las elecciones generales del 20-D por «desconocer» los plazos habituales de un estudio económico de este calado.

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