Consell y Estado pactan un nuevo decreto de horarios

Economía acepta cambios en la norma que fija las zonas de gran afluencia y el Gobierno no recurrirá al TC

01.11.2015 | 01:24

Fumata blanca. La amenaza del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional el decreto autonómico de horarios comerciales que aprobó Fabra a principios de este año quedará, salvo sorpresa de última hora, en eso. Las direcciones generales de Comercio de la Generalitat y el Gobierno han alcanzado un principio de acuerdo, aún no oficial, por el cual Madrid da por buenos los cambios propuestos por la actual conselleria. Se trata, conviene recordar, de la ley que fija los criterios objetivos para que una zona pueda ser declarada de gran afluencia turística y, por tanto, gozar de libertad horaria.

El departamento que dirige Rafael Climent tiene una clara posición en contra de la libertad horaria, pero en este conflicto se ha encontrado con una patata caliente heredada del Consell del PP. El ministerio impugnó la norma elaborada por su mismo partido al considerarla demasiado restrictiva.

Ambas administraciones pusieron en marcha una Comisión Bilateral (paso previo antes de acudir al Constitucional) y la administración autonómica propuso algunos cambios en los puntos que señalaba Madrid. Concretamente, el Consell renuncia a la obligada revisión a los dos años de las zonas de gran afluencia turística que estuvieran declaradas antes de la entrada en vigor del decreto. Lo mismo que con la limitación de que las zonas de gran afluencia declaradas en el entorno de un puerto nunca tuvieran un perímetro superior a mil metros, como contó este diario. El ministerio también ha exigido otro cambio: el Consell quería que para declarar una zona de gran afluencia turística por ser de «turismo de compras» hubiera que justificar con datos de pernoctaciones hoteleras (INE) esa afluencia, y no solo con estudios turísticos elaborados por el ayuntamiento interesado. La redacción definitiva reflejará los dos criterios.

Los horarios comerciales están generando conflictos en toda España. El Gobierno tiene abiertos frentes con Andalucía y con Cataluña. En el caso de la Comunidad, se da la paradoja de que el Consell bipartito, aunque no está de acuerdo con la norma aprobada por Buch, la prefiere a la ley estatal, que es la que entraría en vigor si el Gobierno recurriese al TC.

Ahora mismo, el acuerdo ministerio-conselleria está encarrilado, pero su resolución aún debe superar un par de etapas. El 3 de noviembre el director general de Comercio, Natxo Costa, trasladará el nuevo texto a los agentes del sector en el Observatorio del Comercio. Buscará su visto bueno y también el de los grupos, al menos de PSPV, Compromís y Podemos, necesario para sacar adelante la nueva ley. Costa también buscará el apoyo, o al menos la abstención, del PPCV, que es quien redactó la ley ahora impugnada. La aprobación del nuevo decreto será por la vía de un decreto ley, de forma urgente, o a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos.

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