La realización de un «informe económico independiente para conocer la situación real de las cuentas del Ayuntamiento» figura en el Pacto de Gobierno suscrito por el PSOE, Guanyar y Compromís para gobernar. No es una cuestión exclusiva de Alicante. En Madrid, la alcaldesa, Manuela Carmena, fue una de las primeras cuestiones que planteó, pero al no permitir la ley que acudiera a un servicio externo, según explicó, lo solicitó a la Intervención municipal madrileña. Recientemente avanzó parte de las conclusiones públicamente, algunas de ellas referidas a la deuda municipal en Madrid, de una auditoría interna aún inconclusa.
La diferencia de comportamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Alicante ante un mismo compromiso electoral y tras una renovación del gobierno local abre el interrogante de por qué no se ha actuado igual aquí, cuando en el caso de Alicante se cuenta con un interventor que todas las fuentes consultas aseguran que tiene una gran reputación como profesional independiente, ganada a pulso, entre otras cuestiones, con los informes que realizó advirtiendo de ilegalidad en varias ocasiones al anterior equipo de gobierno del PP en Alicante, lo que provocó que los populares le destituyeran como interventor. Una de las primeras medidas del tripartito fue, precisamente, reponer al interventor en su cargo.
Ante estas circunstancias es difícil de entender el porqué el tripartito opta por un informe que no puede presentar como auditoría, que carece de validez jurídica alguna, en vez de disponer de un informe riguroso, independiente y válido desde el punto de vista jurídico que realizaría la Intervención municipal, en aplicación de las competencias que le otorga en este sentido la ley. Un informe que cuesta a las arcas públicas más de 21.000 euros cuando el Ayuntamiento alicantino está intervenido y en una situación económica crítica.
