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Los expertos piden ayudas para la agricultura, el gran «sumidero» de los gases invernadero

El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Miguel Valdés, avanza en Casa Mediterráneo que medidas como cambiar agua del trasvase por la desalada hacen inviable el sector Los precios han caído una media del 40% en los últimos diez años

Los expertos piden ayudas para la agricultura, el gran «sumidero» de los gases invernadero

El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Alicante, Miguel Valdés, lanzó ayer un mensaje claro a la Administración sobre la necesidad de que se proteja la agricultura. No ya por su capacidad para generar riqueza y empleo, que también, sino por su función, cada día más importante, como «sumidero» de los gases invernadero causantes del aumento de la temperatura y la prolongación de las sequías «en California y en la provincia de Alicante, porque el cambio climático nos afecta a todos y, ya, hasta Estados Unidos y China parece que toman conciencia sobre el problema».

Valdés inauguró en Casa Mediterráneo una jornada sobre las repercusiones que tendrá en el sector agroalimentario el cambio climático, que trasladado a la provincia de Alicante se resume en un aumento de los periodos de sequía y las lluvia torrenciales, que representan el 60% de los recursos anuales recogidos gracias a las precipitaciones, pero que también destruyen cosechas y explotaciones agrícolas.

Valdés admitió que una de las alternativas al descenso de los recursos es la desalación, pero los precios siguen siendo prohibitivos pese a esa rebaja coyuntural aprobada por el Gobierno en el decreto de sequía para subvencionar un 70% el precio del metro cúbico, hasta que mejores las condiciones de los embalses de Entrepeñas y Buendía, algo improbable a medio plazo mientras dure la sequía.

«En Estados Unidos tienen el mismo problema y ahora mismo está a punto de descartarse un trasvase entre el parque de Yosemite y el sur de California. El agua desalada es un alternativa pero los precios son imposibles», subrayó Valdés, que puso como ejemplo el caso de los cítricos. «Con el agua del trasvase nos cuesta 6.000 euros regar una hectárea, cantidad que sube hasta los 8.500 euros con agua desalada. Mientras, el kilo de naranjas se paga a 30 céntimos. Al final si no se protege a la agricultura desaparecerá e, insisto, es el mejor sumidero para amortiguar el efecto de los gases por su capacidad, por ejemplo, para absorber CO2», aseveró Valdés, que recordó los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Todos los años 400.000 personas mueren en Europa por inhalar estos gases.

Los estudios sobre el clima, vinculados al calentamiento en Alicante, sostienen, por otro lado, que la tendencia revela que a partir de mitad de siglo las lluvias se concentrarán en la costa y no en el interior de la provincia donde, paradójicamente, se encuentran los embalses. Además, el cambio climático amenaza con acentuar y prolongar las sequías y la intensidad de la «gota fría» en el Mediterráneo, de ahí haya que buscar medidas de prevención.

Falta de rentabilidad agraria

La falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas de la provincia, debido a que los precios han caído de media un 40%, ha provocado que en los últimos diez años cerca de 20.000 agricultores hayan abandonado la actividad al no poder soportar una caída de los precios medios del 40%, y hasta del 70% a pie de bancal, como en el caso de algunas hortalizas como el tomate de ensalada. La gran atomización de la oferta (algunas explotaciones no superan ni las dos hectáreas) y la fuerte concentración de la demanda (unas pocas empresas dominan el mercado), provocan situaciones como que en Alicante la naranja se pague a 30 céntimos de euro el kilo de media al agricultor, y en el supermercado no se encuentre por menos de 1,6 euros/ kilo, o la patata, que se compra a once céntimos a pie de bancal y luego al consumidor se le pide hasta casi euro por kilo, en una espiral que parece no tener freno.

Agricultores y expertos universitarios consideran que la única solución pasa porque el Gobierno o la propia Comisión Europea establezcan medidas de protección para el producto fijando un precio mínimo de venta que, al menos, permita que el agricultor cubra los costes. Es la única forma de parar un sangría que en Alicante ha acabado con el 25% de los productores en diez años. Mientras, paradójicamente, en este escenario de ruina se mueve el que está considerado el segundo sector exportador de la provincia tras el calzado, con unas ventas al exterior de mil millones de euros al año. En total, la agricultura de la Comunidad Valenciana mueve al año 3.300 millones de euros.

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