La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado provisionalmente sendas penas de 7 años de inhabilitación para dos técnicos municipales por favorecer supuestamente al empresario Enrique Ortiz en el concurso público de la contrata para la limpieza y mantenimiento del cementerio municipal.
Según han informado hoy fuentes del caso, Anticorrupción acusa a ambos técnicos de la Concejalía de Atención Urbana de Alicante de un delito de prevaricación.
El ministerio público sostiene que el entonces jefe de servicio de la propia Concejalía, Víctor López, que ya está jubilado, y el del área de Sanidad, Consumo, Comercio y Mercados, Diego Agulló, habrían aplicado un "trato desigual y perjudicial" hacia otras dos empresas.
El juzgado de Instrucción 1 de Alicante abrió la investigación en 2010 a raíz de la querella interpuesta por una de las mercantiles supuestamente perjudicadas, Multiservicios Tritón, SL, que había presentado una oferta más barata que Enrique Ortiz e Hijos, SL para hacerse con el contrato, 723.083 euros por 774.801 euros, sin contar el IVA.
Un informe pericial aportado a la causa refleja que los técnicos aplicaron diferentes criterios para valorar las ofertas presentadas por una y otra empresa, concretamente a la hora de contabilizar el capítulo de mejoras.
El pliego de condiciones del concurso redactado en 2008 por el propio Víctor López estipulaba que si las mejoras presentadas superaban un 2 % del total del coste del proyecto, el aspirante debía contabilizar en el presupuesto general.
Mientras que el jefe de servicio de Atención Urbana sí aplicó este criterio a Eulen y a Multiservicios Tritón SL, con Enrique Ortiz e Hijos SL lo obvió deliberadamente, según la fiscalía, y permitió que computara las mejoras como costes generales de empresa.
Esa supuesta omisión resultó decisiva para que Ortiz, que está imputado en tres ramas del 'caso Brugal' y será juzgado el próximo mes de enero por un presunto delito fiscal, obtuviese una mayor puntuación en el concurso.
Además, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, relata en su escrito de acusación provisional que López debería haberse abstenido de intervenir en este expediente administrativo porque dos hijos suyos trabajaban por esas fechas para otra de las empresas de Ortiz, Inusa, encargada de la limpieza viaria y recogida de residuos.
En lugar de abstenerse, López presentó una valoración técnica que fue ratificada en lo sustancial posteriormente por su amigo y también técnico de Atención Urbana Diego Agulló, y llevó a la Junta Local de Gobierno a adjudicar finalmente el servicio a Ortiz en marzo de 2010.
