Los integrantes de la comisión permanente del Consejo Valenciano de Formación Profesional pusieron ayer sobre la mesa nuevos criterios a la hora de convocar los cursos de formación para ocupados, que ni siquiera tenían las normas aprobadas hasta el momento y suponen hasta un 25% del presupuesto del Servef.
La secretaria autonómica de Economía Sostenible, María José Mira, señaló al término del encuentro al que asistieron a su vez el secretaria autonómico de Educación, las direcciones generales de Ocupación del Servef y de FP de Educación, y los sindicatos UGT y CC OO, además de la patronal, Cierval, que el nuevo texto «consigue un equilibrio que permite la concurrencia de todas las entidades que cumplan las bases» y una determinada «capacidad técnica. Igualmente se han incluido criterios de calidad para tener en consideración la excelencia en la ejecución y la justificación de las actuaciones subvencionadas».
Son criterios que a su vez demanda la normativa europea sobre los fondos sociales con los que subvenciona a su vez este tipo de cursos.
Sin bloqueos
El Consell también persigue ajustar la normativa al máximo a la legalidad «para que el procedimiento no sufra paralizaciones ni suspensiones en su tramitación ni en su aplicación», subrayó la consellera Mira.
Las entidades que incluyan en sus prácticas habituales extremos como la responsabilidad social también recibirán más puntos y posibilidades de hacerse con la impartición de estos cursos «para fomentar estos comportamientos», abundaron.
En suma, adecuar la formación a las necesidades reales del tejido empresarial, y convertir a la Comunidad en un referente en materia de formación de las personas ocupadas, es el objetivo que persigue el Consell con estas medidas para las que ayer recibió el visto bueno de los sindicatos presentes, a quienes agradeció que «consensuaran el texto de la forma más rápida posible», puntualizó Mira.
La publicación de las nuevas bases «enriquecidas», y la convocatoria de unos cursos que colean porque el anterior Consell no había ejecutado más que una cuarta parte de su presupuesto hasta el pasado mes de junio, -como informó este diario en su edición del pasado 19 de agosto-, deberán esperar todavía a que el Consejo Jurídico Consultivo apruebe los nuevos planes para ocupados.
