La Conselleria de Sanidad está dispuesta a abrir la mano para que los médicos, en determinadas circunstancias, puedan trabajar más allá de los 65 años. El departamento de Carmen Montón ya está negociando con los principales sindicatos la elaboración de un nuevo decreto de jubilación, así como un plan de recursos humanos en el que se detallen cómo están compuestas las plantillas de cada departamento sanitario y qué necesidades de personal existen. En este sentido, la Conselleria de Sanidad ha sacado la negociación de la mesa general, donde recientemente se ha acodado que los funcionarios se jubilen a los 65 años, y se está llevando a través de una mesa sectorial para personal estatutario. En este marco se determinará a qué edad los médicos colgarán la bata de manera general y bajo qué condiciones se permitirá prolongar la vida laboral más allá de los 65 años.
De manera paralela, la Conselleria de Sanidad ya ha iniciado los pasos para derogar la norma del anterior conseller, Manuel Llombart, por la que se obligó a los galenos a marcharse a casa una vez cumplidos los 65 años.
Será con la nueva ley de acompañamiento de los presupuestos cuando se elimine el blindaje a la jubilación forzosa, sin embargo, no se hará efectiva, según explican desde Conselleria de Sanidad, hasta que no estén listos el nuevo plan de recursos humanos y el nuevo decreto. La consellera Carmen Montón espera que sea cuanto antes para perjudicar al menor número de médicos posible. Mientras se pone a punto el engranaje legislativo, la Conselleria de Sanidad asegura que permitirá que continúen trabajando aquellos facultativos a los que no sea posible sustituir porque en su especialidad hay poca gente, que cuenten con una trayectoria muy distinguida o que desarrollen una intensa labor de investigacióninvestigación.
La jubilación forzosa de los médicos comenzó a aplicarse en 2013 a través de una orden de la Conselleria de Sanidad. La contestación, en forma de recursos por parte de los sindicatos no se hizo esperar y un año después de su aprobación el TSJCV la anuló. Pero Sanidad no se detuvo y en agosto de 2014 aprobó un decreto para asegurar la jubilación obligatoria al cumplir 65 años de facultativos y otros profesionales del sector sanitario. El siguiente paso llegó con la ley de acompañamiento de los presupuestos del año pasado, donde se introdujo la jubilación forzosa para todos los funcionarios. Por eso, el primer paso al que se tiene que enfrentar el departamento de Carmen Montón es el de deshacer toda esta maraña legal que blindó la jubilación forzosa y sentarse a negociar con los sindicatos una nueva propuesta que determine en qué momento los galenos deben marcharse a casa.
