El director de Resoluciones Hipotecarias del Banco de Sabadell, Xavier Aspachs, anunció ayer en Alicante la creación de la sociedad Solvia Gestora de Viviendas Sociales, con la que el banco que adquirió en 2012 la CAM -compra que metió a la entidad de lleno en el problema de los desahucios según subrayó el directivo- gestionará de forma particular su propia red de alquiler social.
Una iniciativa que choca con la intenciones del Consell, que justo un día antes había anunciado la intención de sancionar a los bancos que no cedan pisos a familias vulnerables en el marco la futura Ley de la Función Social de la Vivienda, normativa que la consellera María José Salvador quiere aprobar a lo largo de 2016. El directivo del Banco Sabadell hacía el anuncio en el marco de las jornadas «Construyendo el Derecho a la Vivienda», que ayer se clausuraron en el salón de actos de Puerta Ferrisa.
Aspachs aseveró el compromiso total de la entidad de colaborar al cien por cien con la Administración pública a la hora de buscar soluciones para las personas que pierden su vivienda, pero apuntó que tras la experiencia de los dos últimos años, el banco cree que es mejor asumir la gestión de manera particular. Y lo dijo con datos en la mano. El banco ha resuelto entre 2014 y 2015 daciones en pago por valor de 1.200 millones de euros y el 40% de los propietarios que perdieron su vivienda tiene un alquiler social.
En total, la entidad cuenta con 5.000 pisos dedicados al alquiler, pero un 65% de los inquilinos no paga la renta. «Quizá nos hemos equivocado al fijar la cuantía, por no conocer bien las circunstancias de los afectados. Todo eso nos ha llevado a crear la sociedad que arranca ya con 25 trabajadores especializados y otros 50 externos, que va a dedicarse al cien por cien al tema y al seguimiento de los casos», explicó Xabier Aspachs, quien recordó, por otro lado, el compromiso del Sabadell de no desahuciar a ninguna familia en riesgo de exclusión social. «Pero somos un banco y tenemos nuestras responsabilidades y entre ellas el compromiso adquirido con nuestros 26.000 trabajadores», aseveró el directivo.
Las jornadas «Construyendo el derecho a la vivienda» finalizaron ayer con la coincidencia general del conocimiento de los ponentes y sus exposiciones, como fue el caso de Carmen Trilla, excargo público de la Generalitat de Cataluña y actual presidenta de la Fundación Habitat3, que se dedica a la complicada tarea de buscar viviendas para ampliar el patrimonio inmueble de la red de alquiler social de Cataluña. Trilla dejó claro que existe un problema coyuntural grave en España por la falta de vivienda social, y apuntó como una de las posibles soluciones la recuperación de la promoción, también para la venta, de las viviendas de protección oficial.
Trilla fue explícita al advertir de que España es el país de la UE que menos ha apostado por la atención a las personas que precisan un piso, ya que sólo cuenta con cinco viviendas por cada mil habitantes. Una cifra que está muy por debajo de la media europea (70) y a años luz de la planta de países como Holanda, que disponen de 120 pisos por cada mil vecinos. «Tenemos un problema grave que puede convertirse en estructural y para ello ahí tenemos los datos del esfuerzo económico en políticas sociales. Sólo el 0,2% del PIB, muy lejos del 0,6% de la media de la UE», subrayó la presidenta de la fundación.
«Hablar de política de vivienda es hablar de dinero y de concienciarse de que tenemos un problema», aseveró Carmen Trilla, quien propuso cuatro iniciativas básicas. Disponer de suelo barato -«es alarmante de que se haya dejado de apoyar la VPO»-; los parques públicos de viviendas de alquiler; el apoyo a los hogares y las políticas sociales «pero no sólo desde los departamentos de Servicios Sociales, sino también desde Urbanismo», subrayó Trilla. La excargo público de la Generalitat lo dejó claro. «El problema de los impagos de las hipotecas tenía que haberse afrontado en 2009».
Síndic de Greges
Por otro lado, según los datos que maneja el Síndic de Greuges, entre 2008 y 2014, la Sindicatura ha recibido 2.764 quejas relacionadas con la pérdida de la vivienda. El año más cruel fue 2013 con 1.101 quejas.
