Otro desastre inmobiliario que podrían acabar pagando el conjunto de los ciudadanos. El Banco Sabadell se convertirá con toda probabilidad en el nuevo propietario de los terrenos del Plan Rabasa en los que Ikea pretende construir su centro comercial si, finalmente, el proyecto se va al traste y el Grupo Urbanika -participado por Enrique Ortiz y la Inmobiliaria Espacio- no puede hacer frente a los cerca de 40 millones de euros que aún debe por la hipoteca de estos solares. Eso significa que, al final, sería el Fondo de Garantía de Depósitos quien asumiría las posibles pérdidas ocasionadas por la operación -si el valor de los terrenos no cubre el importe del préstamo-, ya que ésta forma parte de los activos incluidos en el esquema de protección que se concedió a la entidad catalana para ayudarle a digerir la CAM.
Por si fuera poco, otra porción más reducida del suelo acabaría en manos de la Sareb, el también llamado «banco malo», propiedad en un 45% del Estado, que tiene una participación minoritaria en los créditos concedidos a Ortiz y sus socios para adquirir este suelo, según confirmaron a este diario fuentes del sector financiero e inmobiliario.
Tanto en la Sareb, como en el Sabadell están a la expectativa estos días de la negociación que se desarrolla entre Ortiz y el Ayuntamiento de Alicante para saber el futuro de la Actuación Territorial Estratégica de la que depende la implantación de Ikea en Rabasa. No es para menos. Si el proyecto sale adelante, buena parte del dinero que desembolsará la multinacional del mueble iría directamente a cancelar estos créditos pero, si fracasa, obligaría a las entidades a ejecutar los avales. Es decir, a quedarse con unos terrenos que ninguno de los dos desea ya que ven su desarrollo muy lejano.
Crédito moroso
En el caso del Sabadell, el banco presidido por Josep Oliu heredó de la CAM una deuda de alrededor de 90 millones de euros del Grupo Urbanika, de los que ha logrado cobrar 50 millones mientras que quedan pendientes cerca de 40 millones. Una cantidad que la entidad ya tiene catalogada en situación de mora desde hace bastante tiempo.
De lo que se ha librado el Sabadell en esta ocasión es de tener que desprenderse también de una importante participación accionarial ya que la caja alicantina sólo entró, y de forma residual, en el capital de una de las filiales del grupo -Viviendas Sociales del Mediterráneo, ahora Alicante Avanza- y se limitó a financiar al resto. Los socios de referencia de Ortiz en este proyecto fueron Bancaja y el Banco de Valencia, cuyos herederos -Bankia y CaixaBank, respectivamente- decidieron salirse de la sociedad la pasada primavera tras asumir importantes pérdidas.
Inicialmente, la llegada de Ikea a Alicante se enmarcó dentro de una macro operación urbanística, el Plan Parcial de las Lagunas de Rabasa, que contemplaba la construcción de 13.500 viviendas sobre una superficie de más de dos millones de metros cuadrados. Un proyecto que se aprobó al margen del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, sobre el que siempre han recaído sospechas de corrupción y que los tribunales acabaron tumbando. Para tratar de salvar los muebles Enrique Ortiz y sus socios plantearon la posibilidad de construir únicamente la parte del proyecto que incluía el centro comercial de Ikea a través de una nueva figura legal, la Actuación Territorial Estratégica, que ahora el Consell tiene paralizada y que el consistorio alicantino ha solicitado que se retire.
Compromiso de venta
El interés del empresario alicantino por llevar adelante la construcción del centro comercial a toda costa no es de extrañar si se tienen en cuenta los importantes compromisos económicos que el grupo ya había asumido con la multinacional sueca. Según reflejan las últimas cuentas depositadas por Urbanika en el Registro Mercantil, esta sociedad firmó con Ikea en abril de 2012 un compromiso de venta de varias parcelas en el Plan Rabasa por valor de 97,5 millones de euros, de los que Ikea adelantó 35,1 millones. Una cantidad que la firma participada por Ortiz tuvo que garantizar con sendos avales bancarios que suman 44,3 millones (el importe avanzado, más los intereses).
Sin embargo, en una de las conversaciones interceptadas al empresario alicantino en el marco de las diversas investigaciones que se desarrollan sobre el urbanismo alicantino, Ortiz presumía de haber recibido ya de la cadena sueca más de 90 millones de euros, que ahora tendría que devolver.
Además de la investigación por las supuestas irregularidades urbanísticas, la Audiencia Nacional también instruye otra causa contra Urbanika por el perjuicio que ocasionó a Bankia el supuesto trato de favor que habría recibido el grupo.
