Pavón vetará el macrocentro comercial en Rabasa

Urbanismo impulsa la anulación de la modificación del planeamiento que el PP aprobó en 2010 sin valorar la batalla judicial que pueden abrir los propietarios de los terrenos

22.10.2015 | 15:43

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, planteó ayer por sorpresa ante el Consejo de Comercio (no estaba incluido en el orden del día) y sin el respaldo de un informe jurídico que valore las posibles consecuencias legales, una propuesta para anular la modificación puntual 31 del Plan General en vigor que el PP aprobó en el año 2010 para posibilitar la instalación de una macrosuperficie comercial de máxima categoría en los terrenos de Rabasa y cuya tramitación se investiga dentro de la causa judicial del Plan Rabasa. Con esta medida, el equipo de gobierno local pretende vetar la instalación del macrocentro comercial con hipermercado que acompaña a Ikea.

La medida, aunque contó con el apoyo mayoritario del Consejo de Comercio, despertó polémica. El PP acusó al tripartito de «matar la posibilidad de que venga Ikea» y se negó a votarlo al igual que Ciudadanos, criticando la urgencia de una iniciativa de ese calado. Una propuesta que Pavón puso sobre la mesa sin informes jurídicos que valoren las posibles consecuencias para el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que la entidad local se podría ver abocada a un lodazal jurídico si los propietarios de suelo ven lesionados sus derechos porque algunos lo adquirieron basándose en las posibilidades que les brindaba el Plan General con la modificación en cuestión.

La medida deberá recorrer un camino inverso a la modificación que promovió el PP (en la etapa de la exalcaldesa Sonia Castedo) exposición pública y alegaciones, aprobación por el pleno y por la Generalitat y que tardó cuatro años en aprobarse definitivamente (en 2014). Pavón esgrime que será más adelante, antes de aprobarse, cuando la iniciativa se acompañe de informes jurídicos, pero consideró que «la modificación del planeamiento se puede cambiar porque no hay nada aprobado a día de hoy», en referencia a la anulación del Plan Rabasa y a que el Consell todavía no ha adoptado una decisión definitiva sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en la que se enmarca el macrocentro comercial. No obstante, el Ayuntamiento tendrá que hilar muy fino sus argumentos y valorar las posibles consecuencias jurídicas de la decisión, como apuntan fuentes jurídicas.

Pavón encaja la iniciativa en que la modificación que promovió el PP fue «un traje a medida para Enrique Ortiz», como promotor del suelo, y en el marco de otro cambio profundo de las normas comerciales del Plan General para abrir la ciudad a los supermercados y grandes comercios. Pavón admitió que el espíritu de la medida es hacer inviable el macrocentro, pero incidió en que la ordenación comercial de la ciudad quedaría supeditada a esa modificación profunda que plantea Comercio.

Al respecto, el asesor del área de Comercio, Pedro de Gea, incidió en que la intención es que Ikea, como gran comercio especializado, sí pueda ubicarse en Rabasa o en cualquier otro sitio de la ciudad en solitario. En cuanto a los grandes centros comerciales, aclaró que quedarían limitados a los grandes ejes que contempla el PGOU de 1987, como la avenida de Dénia o la carretera de Ocaña. No obstante, el equipo de gobierno tendrá que dar una solución a la situación en la que quedaría la implantación de los mismos cuando lleven aparejado un hipermercado, dado que la modificación que aprobó el PP los circunscribía sólo a Rabasa.

Con estos cambios del Plan General, el equipo de gobierno da la puntilla al polémico proyecto promovido por Alicante Avanza, participada por Ortiz, y que además de tener en contra al comercio de la ciudad cuenta con la negativa de las administraciones. Así lo recordó ayer la consellera de Urbanismo, María José Salvador, quien incidió en la oleada de informes negativos a la Actuación Territorial Estratégica, entre ellos el de Fomento (exige un nudo de accesos que según el propio Ortiz costaría 200 millones de euros y haría inviable la actuación) o el de Defensa. Salvador recordó también los reparos de la Universidad de Alicante y del Ayuntamiento de Alicante. «Por un informe no se tumba, pero se están acumulando informes que indican que no es favorable la tramitación (de la Actuación Territorial Estratégica)», dijo ayer la consellera, quien explicó que el próximo paso será la convocatoria de una Comisión de Evaluación Ambiental que decidirá sobre si sigue adelante o no el ATE. «Lo que decida, será determinante» en la decisión del Consell, esgrimió la consellera, quien dijo no poder «avanzar el resultado porque la decisión es técnica, no política», pero incidió en la batería de informes negativos.

Por su parte, el alcalde, Gabriel Echávarri, insistió en que la decisión sobre el ATE es competencia de la Generalitat. «Que no nos imputen responsabilidades», dijo al ser preguntado por la posibilidad de que el suelo de Ortiz en Rabasa se pague con dinero público si fracasa el plan. Como avanzó este diario, el Fondo de Garantía de Depósitos asumiría los 40 millones que el promotor adeuda por la hipoteca de los terrenos donde iría el macrocentro. «Hay un crédito que, si se impaga, el Sabadell sería propietario y el Sareb se quedaría una parte», pero «siguiendo esa línea argumental todos los españoles tendrán una magnífica parcela en la mejor zona de desarrollo industrial», dijo con ironía.

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