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Multas a los bancos que no cedan pisos para alquiler social

La consellera Salvador prepara una nueva Ley de la Vivienda para 2016

Un momento de la exposición de la consellera Salvador, ayer en la jornada. pilar cortÉS

La consellera de Vivienda, María José Salvador, anunció ayer en Alicante que la futura Ley de la Función Social de la Vivienda, que la Generalitat espera que pueda entrar en vigor a lo largo de 2016, recogerá, negro sobre blanco, un régimen sancionador para aquellos bancos que se niegan a facilitar viviendas para la red de alquiler social, cuya creación es uno los objetivos prioritarios de la legislatura. La consellera ha pedido también a las entidades de crédito una moratoria en los desahucios hasta que entre en vigor la nueva legislación.

Además, a los propietarios particulares de viviendas vacías (los técnicos tienen todavía que decidir cuál es el concepto), se les incentivará con pólizas de seguro que les cubran el cobro de la renta o los posibles desperfectos. «Las entidades bancarias, en las medida que han sido objeto de un rescate, tienen que asumir una responsabilidad social, por eso les hemos instado a que apliquen esa moratoria y a que pongan a disposición sus viviendas vacías en alquiler para que la Conselleria las pueda gestionar», aseveró la titular de Vertebración del Territorio.

Salvador y su director general de Vivienda, José Alberto Sanchis, apelaron, en una jornada sobre el derecho a la vivienda, a la mejora de la gestión de lo actualmente construido antes de promover con ayudas la edificación de nuevas VPO, modelo que consideran agotado. Lo que está claro, y en eso coincidieron con Ángel Luna, adjunto al Síndic de Greuges, es que la crisis económica ha abierto nuevo periodo en la política de vivienda, la puesta por el alquiler, que hasta ahora sólo representa el 0,4% de la forma de alojamiento en la Comunidad Valenciana. Ha aumentado la demanda sobre la propiedad porque hay mucha casa vacía y pocos ciudadanos con posibilidades para embarcarse en el pago de una hipoteca.

Según los responsables autonómicos de Urbanismo, con cerca de cien mil viviendas (98.000 según el Ministerio de Fomento) sin vender en la Comunidad Valenciana, la urgencia actual es resolver la situación de las personas en situación de vulnerabilidad, tras haber sido desahuciadas de su piso por no pagar la hipoteca o no abonar el alquiler, una situación que en los últimos meses se ha generalizado y está al mismo nivel que los impagos del préstamo.

Salvador subrayó que la vivienda es un derecho «pero tiene que ser considerada como la Educación, la Sanidad o la Dependencia», para lo cual trata de crear una red de alquiler social público. Actualmente, el parque público está compuesto por unas 13.000 viviendas (700 inutilizables por su mal estado), por lo que la urgencia pasa por hacerse con pisos.

El derecho la vivienda

La consellera inauguró en Alicante la jornada «Construyendo el Derecho a la Vivienda», organizada por la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda. Un encuentro interesante en el que gestores públicos de Vivienda del País Vasco, Cataluña y Andalucía (territorios con una ley similar a la que quiere aprobar el Consell), trasladaron lo que se ha hecho en esas autonomías en materia legislatura. Iniciativas que, no obstante, se han encontrado con recursos del Estado y fallos en contra de los tribunales. Expertos que lo dejaron también claro como es el caso de Carles Sala i Roca, responsable de Vivienda en Cataluña, quien evaluó el coste anual de la aplicación de la ley catalana en los 700 millones de euros, presupuesto imposible para las arcas públicas.

Derecho de tanteo y retracto (la Administración tiene prioridad a la hora de adquirir un piso de los bancos); sanciones y hasta expropiaciones forzosas si los pisos vacíos no se conservan, registro de casas deshabitadas e impuestos especiales al que tenga una casa y no viva en ella son algunas de la soluciones aportadas. Andalucía, con otra ley similar considera, en este sentido, viviendas vacías, las que durante seis meses consecutivos no tienen consumo de luz y agua.

María José Salvador resaltó que un desahucio no es «un problema privado entre un particular y un banco como se asumió por los gobierno anteriores en esta Comunidad y como casi se sigue manteniendo por parte del Gobierno de España». Para la consellera, «es un problema público de primera dimensión y mientras elaboramos la Ley de la Función Social de la Vivienda, que tiene su tramitación, hemos constituido la Mesa por la Prevención de los Desahucios para aplicar medidas de choque».

La red de alquiler social servirá no sólo para aquellas personas que pierden sus viviendas por un desahucio, sino también a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y no pueden acceder al mercado de renta libre.

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