El empresario Enrique Ortiz admitió ayer ante el tripartito de Alicante que si el Ministerio de Fomento no relaja sus exigencias en cuanto a los accesos a Ikea y su macrocentro comercial, cuya inversión cifró en 200 millones de euros, la actuación que promueve en Rabasa sería inviable económicamente. No por ello, renuncia a la misma. Lejos de ello, en la reunión que mantuvo ayer en el Ayuntamiento de Alicante con representantes del equipo de gobierno y de la oposición a petición del empresario dejó claro su interés en sacar adelante la Actuación Territorial Estratégica en Rabasa. Pues según trasladó al tripartito, para la mercantil su ubicación en esos terrenos es innegociable.

La presencia de Ortiz en el Ayuntamiento, imputado en varias causas judiciales por presunta corrupción, despertó una gran expectación mediática. El empresario, cuya figura está ligada a las grandes contratas municipales, al Hércules y al polémico proyecto de Ikea y su macrocentro comercial llegó al consistorio a bordo de un deportivo de lujo que le dejó enfrente. Sin nada en las manos y sin dejar la sonrisa sorteó a los medios de comunicación para acceder a la reunión, a la que se permitió entrar al inicio a los medios gráficos. Representantes del tripartito el alcalde socialista, Gabriel Echávarri y sus socios de gobierno de Guanyar y Compromís, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, así como la edil socialista Eva Montesinos y de la oposición por el PP, el edil Luis Barcala y por Ciudadanos, Fernando Sepulcre, le recibieron. Los seis se sentaron en un mismo lado de la mesa, dejando al empresario solo enfrente.

Uno de los temas que se abordó fue el polémico proyecto para la implantación de Ikea y su macrocentro comercial en Rabasa.

En cuanto al macrocentro comercial anexo a la tienda del mueble, epicentro de la polémica, Ortiz se ofreció a mediar entre el Ayuntamiento y la multinacional, pero afirmó que para la tienda del mueble es «incuestionable» ir acompañada de un área comercial anexa de al menos 75.000 metros cuadrados - hasta el momento se hablaba de una tienda de en torno a 42.000 metros cuadrados y 83.000 de centro comercial-. Para el tripartito, no obstante, se trata de un matiz «mínimo» que no modifica su posición en contra del macrocentro comercial, como tampoco lo hace el planteamiento que Ortiz puso sobre la mesa de que el área anexa fuera un parque de medianas superficies y no de tiendas pequeñas. Ortiz llegó a plantear que si su figura como promotor del ATE (paralizado en estos momentos por el Consell) supone un problema o «molesta», se apartaría de la unión de empresas que impulsa el proyecto. «Ya ha hecho negocio con la venta de los terrenos», le replicó el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón.

Vía Parque

«Quiere Ikea con macrocentro comercial, en Rabasa y en el contexto del ATE», concluyó Pavón, quien aseveró que Ortiz dijo que es Ikea la que no está dispuesta a cambiar de ubicación y que ya le ofreció trasladarse junto a la Vía Parque. Pavón lamentó que el empresario «se ponga del lado de Ikea para defender el macrocentro comercial». El portavoz municipal, Natxo Bellido, relató que el empresario se muestra «abierto a un cambio en los usos comerciales, se ofrece a ayudar en nuestra relación con Ikea, pero es inflexible en que la operación no esté ligada a Rabasa, lo que no nos gusta, como tampoco nos gusta la figura del ATE ni los metros cuadrados de superficie comercial».

Ortiz, que en todo momento quiso ofrecer colaboración al Ayuntamiento, llegó a proponer al tripartito «ir de la mano» para sacar adelante el polémico proyecto, admitiendo la necesidad de contar con su apoyo. Incluso, llegó a plantear «indirectamente» la mediación del equipo de gobierno con Fomento, como indicó Pavón, quien explicó que Ortiz considera que el nudo de conexiones que el ministerio plantea en su último informe haría inviable la actuación. «Ha dicho que en otras ocasiones Fomento no ha sido tan duro y que cambia de opinión cada día», agregó Pavón.

Este último fue quien llevó la batuta de la reunión y el más incisivo con el empresario, recordándole el «daño a la ciudad» y sus imputaciones judiciales en el caso Brugal. Ortiz, por su parte, se mostró «colaborativo» y trató de sortear toda tensión, manteniendo en todo momento la sonrisa.

Tras el encuentro, que duró una hora, el empresario declinó realizar declaración alguna «por respeto» al tripartito, dijo en referencia a la convocatoria pública del equipo de gobierno para dar cuenta de lo tratado en al reunión. Ortiz, envuelto en una nube de periodistas, se limitó a dar por bueno lo que el tripartito pudiera decir tras el encuentro. «Por supuesto», respondió cuando se le preguntó si lo que ellos dijeran «iría a misa», y reiteró que «sí» sería su opinión. Sobre sus sensaciones tras el encuentro, dijo ser «buenas» y, sin perder la sonrisa, calificó de «cordial» el encuentro.

«Muchos errores»

Fueron Bellido, Pavón y la edil socialista Eva Montesinos quienes dieron cuenta de la reunión. «Está dispuesto a apartarse en cuestiones donde su presencia no era positiva», destacó Bellido, quien agregó que «ha reconocido que ha cometido muchos errores que le han llevado a una situación complicada». Ortiz pidió «disculpas» por el tono de la carta que Alicante Avanza remitió al tripartito recientemente tras reclamar al Consell la retirada del ATE, proteger las Lagunas de Rabasa o plantear ubicaciones alternativas a Ikea.

«Nos ha pedido que tengamos en cuenta a los 2.500 trabajadores» que aglutinan sus firmas, como relató Pavón. Este último recordó las palabras con las que el alcalde, Gabriel Echávarri, cerró la reunión: «No estamos en contra de nadie, pero tampoco a favor de nadie»

Críticas a Echávarri

Por su parte, desde los grupos de la oposición, Barcala y Sepulcre coincidieron al criticar «la falta de un pronunciamiento claro del alcalde sobre los temas importantes para la ciudad» y que fuera el vicealcalde Pavón quien «se ha erigido en el portavoz de los intereses del actual gobierno».