El Ministerio de Hacienda ha reducido la presión y está dispuesto a echar un capote económico al Ayuntamiento de Alicante. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer en la ciudad que el Gobierno ha decidido impulsar dos medidas para que el Consistorio dirigido por Gabriel Echávarri disponga de cierto margen de maniobra. Beteta apenas profundizó en las iniciativas durante el encuentro que mantuvo con empresarios alicantinos. Este diario, no obstante, tuvo conocimiento de la letra pequeña de ambas. Fuentes del Ministerio confirmaron que las dos permitirían endeudarse a la corporación... pero con condiciones. El Ayuntamiento, de aceptar ese salvavidas, tendría que presentar dos planes económicos-financieros para explicitar el plazo y la forma en la que devolvería esos créditos. No haría falta meter la tijera, según recalcan esas fuentes, aunque sí habría que explicitar al detalle cómo prevé reintegrar los dos préstamos.
El primero de ellos permitiría a la corporación ganar autonomía. El Ejecutivo de Mariano Rajoy autorizaría a Alicante a acudir al mercado para formalizar una operación de crédito con alguna entidad financiera. Esos fondos, a su vez, se destinarían de manera íntegra a amortizar el préstamo que firmó la ciudad el pasado año con el Gobierno para pagar a los proveedores. Sería conmutar una deuda con otra. Ahora bien, el Consistorio debería aportar también todos sus remanentes de tesorería para amortizar deuda. De esta forma, se libraría de los ajustes que le exige Madrid hasta 2022.
Con esta decisión, Hacienda levanta el pie del acelerador. El alcalde, Gabriel Echávarri, ya planteó al Gobierno esa posibilidad hace dos semanas. Pero recibió el no por respuesta. Ahora, sin embargo, desde el departamento de Cristóbal Montoro sí están dispuestos a explorar esa vía, siempre y cuando la ciudad presente un detallado plan de amortización del futuro crédito y destine todos sus ahorros para reducir su deuda.
La segunda de las medidas que plantea Hacienda también es de calibre. Y pasa por financiar con el propio Ejecutivo central alrededor de 22 millones de euros que la corporación alicantina debe afrontar a corto plazo por sentencias judiciales desfavorables. La más dañina para los intereses municipales la desveló este diario en su edición del pasado 1 de octubre. El Tribunal Supremo ha fallado recientemente en contra del gobierno local y le ha condenado a abonar a la promotora Hansa Urbana 18,4 millones de euros más intereses por un conflicto urbanístico vinculado al proyecto de Alicante Golf en la Condomina.
A ese pago inesperado se une además otro de cerca de 4 millones. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ordenó el derribo de los bungalows cercanos a la Torre Placia, aunque el Ayuntamiento es partidario de trasladar el monumento protegido al ser más económico que la demolición de las viviendas. En total, las arcas municipales tendrán que desembolsar cerca de 22 millones de euros por ambas actuaciones.
Pues bien, Hacienda está dispuesta a tender la mano a la ciudad. ¿Cómo? Financiando esa cuantía a través de un crédito. El Ayuntamiento ha de presentar una solicitud de manera formal y el Gobierno dará su visto bueno. Exactamente, igual que está haciendo con otros municipios españoles que se encuentran en la misma situación, según explicaron las mismas fuentes.
Beteta tenía intención de trasladar ayer esas dos propuestas al alcalde, Gabriel Echávarri, durante el encuentro que mantuvo con empresarios alicantinos y que coordinó el subdirector de INFORMACIÓN Javier Izquierdo.
Pero el primer edil, pese a estar invitado, no acudió. «Hoy (por ayer) había esperado ver al alcalde. Le habíamos invitado a que estuviera para compartir un rato en la sala o después y poder ver el problema. De lo que se trata es de solucionar los problemas y parece que tenemos un cierto desencuentro de agendas; eso es una pena», afirmó el secretario de Estado durante su visita a la ciudad.
