Cerca de 90.000 personas en la provincia de Alicante viven sin tener ningún tipo de ingreso, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) esgrimidos este jueves por la secretaria general de CCOO l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, que ha denunciado que la cifras ascendería hasta las 150.000 si incluyera a quienes reciben "menos de 5.000 euros al año", como ocurre con quienes reciben alguna prestación social.
Navarro ha ofrecido estas cifras, en declaraciones a Europa Press, durante el inicio de la campaña de recogida de firmas que están desarrollando CCOO y UGT para presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular con el fin de que se establezca una prestación de ingresos mínimos de 426 euros mensuales a quienes perciben menos de 5.000 euros al año.
A esta jornada también ha asistido el secretario general de UGT en l'Alacantí-La Marina, Óscar Llopis, quien ha indicado que se trata de una campaña estatal que está teniendo "una buena aceptación" y con la que pretenden llegar a dos millones de firmas, que son "los ciudadanos que se encuentran en esta situación desfavorecida en España". Asimismo, ha señalado que, junto a la ciudad de Alicante pondrán mesas petitorias en otras poblaciones como Benidorm, Dénia o la Vila Joiosa, además de en centros de trabajo.
El objetivo de la iniciativa, como ha destacado Navarro, es "proteger a las personas más vulnerables" y ha explicado que, además de los 426 euros mensuales, contempla "itinerarios formativos y de búsqueda de empleo", ya que "el trabajo es lo que permite realmente acceder a una vida digna".
No obstante, ha criticado que, según un informe de Organización Internacional del Trabajo, "los trabajadores y trabajadoras cada vez son más pobres" y ha apuntado que el 22,2 por ciento cobran menos del 60% de la renta media. Una "precariedad" en el empleo que Llopis también ha señalado y ha hecho un llamamiento al Gobierno para "que no mire hacia otro lado" porque, como ha destacado, "es de ley rescatar a las personas".
Los sindicatos estiman que para poner en marcha esta iniciativa sería necesario un presupuesto anual de 11.000 millones, el 1,1% del PIB y prevén presentarla a mediados de noviembre. Al respecto, Llopis ha hecho un llamamiento a los políticos que se presentan a las próximas elecciones generales, que "tendrán tengan en cuenta" estas propuestas.
Por otro lado, Llopis ha aprovechado la ocasión para denunciar las declaraciones "indignas" del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, sobre que había menos pobreza porque "ofrenden" a todos los que están en "situación de desamparo", y ha apostillado que pertenece a un estamento como la Iglesia, que está "con los más desfavorecidos".
