Las estrecheces económicas que sufren muchas familias alicantinas, por una parte, y los intentos de algunos ciudadanos para tratar de ahorrarse gastos excesivos en la factura de la luz, por otra, han provocado un repunte considerable en el número de fraudes de energía que ha detectado Iberdrola en la provincia. Según datos facilitados por la propia eléctrica, el pasado año la compañía abrió un total de 6.931 expedientes por defraudación de suministro en las comarcas alicantinas. O, lo que es lo mismo, Iberdrola «caza» a diario a una media de 19 personas por cometer estos delitos. En los primeros ocho meses de este año, el número de infractores ha sido de 3.804.
La defraudación del fluido eléctrico, tal y como está tipificada en el Código Penal, conlleva sanciones de calibre. Así, por ejemplo, el Artículo 255 de la normativa contempla que «será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos». Y enumera: «Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos». Si la cuantía de energía defraudada no rebasa los 400 euros, la sanción que se impone oscila entre uno y tres meses.
Pero, ¿de qué mecanismos dispone Iberdrola para detectar ese posible engaño? Fuentes de la compañía detallan que son tres. El primero, las denuncias de terceros. Los ciudadanos tienen la posibilidad de advertir de supuestas irregularidades en la web www.iberdroladistribucionelectrica.com. En esa página se ha habilitado una pestaña específica para «denunciar situación de fraude», tal y como consta en el site.
El segundo dispositivo que emplea la eléctrica está basado en sus propios recursos. Iberdrola Distribución impulsa campañas específicas de detección de fraude en las que tiene en cuenta distintos tipos de parámetros. Entre ellos, disminuciones repentinas y significativas de consumos, e inspecciones con carácter «puramente aleatorio», según explican esas fuentes.
En tercer y último lugar, Iberdrola también tiene conocimiento de defraudaciones de energía gracias a las actuaciones de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Cuando las fuerzas de seguridad intervienen en una operación y detectan por ejemplo enganches ilegales, trasladan esa ilegalidad a la empresa.
Una vez «cazado» el supuesto infractor, los acontecimientos se precipitan. Si el presunto defraudador es cliente, se remite una carta a su comercializador de electricidad y se le indica la anomalía detectada. En ese escrito además se detalla la energía que se le debe refacturar.
Si, por el contrario, el delito lo comete un ciudadano sin contrato, la distribuidora envía la carta directamente al usuario y le emplaza a abonar la cantidad de fluido eléctrico defraudado.
Desde Iberdrola admiten un «notable aumento de casos» y recalcan que el fraude energético no sólo afecta a la compañía, sino que repercute de manera directa en el resto de consumidores, provocando que la factura mensual se incremente. «Perjudica al sistema eléctrico en general, generándole un desequilibrio. La energía consumida y no facturada se integra en las pérdidas del sistema, cuyo coste se repercute a través de las correspondientes tarifas que abonan los consumidores que no defraudan», sostienen desde la eléctrica.
Y añaden: «Afecta a todos los ciudadanos en general, puesto que dejan de recaudarse los tributos asociados al consumo, como es el IVA (más de 80 millones de euros anuales derivados de este tipo de prácticas) y el impuesto eléctrico, recaudado por las comunidades autónomas (alrededor de 30 millones)». La defraudación además supone «un riesgo para la seguridad» tanto de «las personas que realizan esas prácticas como para las instalaciones eléctricas particulares».
