No todos los expedientes que abre Iberdrola por defraudación del suministro eléctrico acaban en los tribunales. Ni mucho menos. Al detectar el engaño, la compañía se pone en contacto con el usuario y le emplaza a abonar la energía consumida y no abonada. Si lo hace, se acaba el problema. Pero si se niega a pagar, la eléctrica activa los mecanismos judiciales. La estadística revela que apenas un 3% de todas las irregularidades acaba en un tribunal. Así se desprende de los datos aportados por Iberdrola y de los que maneja la Fiscalía General del Estado. Según consta en su Memoria 2015 (con datos de 2014), los juzgados de la provincia sentaron en el banquillo a 205 personas por defraudación de fluido eléctrico. Un año antes, en 2013, las personas juzgadas fueron 165. El repunte ha sido del 24,2% en solo 12 meses.
El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, constata el aumento de casos y revela que ese incremento es palpable desde finales de 2007. «A raíz de la crisis económica los delitos contra el patrimonio han ido en aumento. Y no sólo de electricidad, sino también de agua y ocupaciones de viviendas», apunta el magistrado.
Magro afirma además que los casos que terminan en los juzgados suelen saldarse con multas de hasta 1.800 euros para los defraudadores. El verdadero problema llega si no hacen frente a esa sanción. «Se declaren insolventes o no, si no hacen frente a la multa que se les impone, terminan en la cárcel. Se compensa el impago con una pena de prisión», apostilla el presidente de la Audiencia.
El aumento de las defraudaciones ha propiciado incluso que el Gobierno central haya redoblado la presión contra los ciudadanos que cometen irregularidades. ¿Cómo? Endureciendo el Código Penal.
