El alcalde, Gabriel Echávarri, aseguró que el informe económico externo encargado a catedráticos de la Universidad Miguel Hernández de Elche arroja «sorpresas sorprendentes» de carácter «negativo» sobre la gestión del anterior gobierno del PP que no quiso revelar. Dijo que serán los expertos quienes lo hagan públicamente en las próximas semanas para no incurrir en ningún error. Un secretismo que guarda, incluso, ante sus socios de gobierno. De hecho, el portavoz municipal, Natxo Bellido, confirmó desconocer el resultado del informe y esas «sorpresas sorprendentes» a las que hizo referencia Echávarri. La edil de Hacienda, Sofía Morales, coincidió en que las desconoce.

Lanzada la piedra, el PP no tardó en responder reclamando información al respecto. No sólo del contenido del informe económico externo, también sobre el contrato en sí y el coste. La portavoz popular, Asunción Sánchez Zaplana, incidió en su «confianza en los técnicos municipales que han elaborado los informes de la situación económica del Ayuntamiento y que están a disposición del Ministerio de Hacienda».

18.000 euros

Desde el entorno del alcalde explican que el informe económico externo, que el tripartito se comprometió a elaborar en uno de sus puntos del acuerdo de gobierno, tiene un coste de 18.000 euros y que se trata de un contrato menor a través de un convenio con la UMH. Echávarri dijo que el contenido del mismo se dará a conocer en un par de semanas por parte de quienes lo han elaborado.

En cuanto a la situación económica de las arcas municipales tras las sentencias judiciales como la que obliga a pagar 18 millones a Hansa y la negativa del Ministerio de Hacienda de cancelar el rescate con otro crédito para liberarse del plan de ajuste, aseveró que siguen buscando soluciones «imaginativas» y aseveró que «aquí no hemos venido a llorar, hemos venido a trabajar».

Por su parte, Sánchez Zaplana defendió la gestión del PP en el asunto de Hansa Urbana asegurando que «se trata de un proceso que está avalado por los técnicos municipales» y que «son habituales en los municipios ante la diferencia en las valoraciones que presentan los Ayuntamientos y las personas afectadas».