El juez ha dado un respiro de tres meses más al Ayuntamiento de Alicante para ejecutar la sentencia que le obliga a demoler doce viviendas del entorno de la Torre Placia, lo que permitirá disponer de más tiempo para cerrar la opción de trasladar el monumento a otra parcela y evitar así la demolición de los bungalows. Esta es la opción por la que se decanta el Ayuntamiento de Alicante, como confirmó ayer el alcalde, Gabriel Echávarri, quien argumentó que se trata de la «más económica». Y es que el cambio de ubicación de la torre se cuantifica en cuatro millones de euros frente a los ocho que acarrearía el derribo de las casas.
«Nos puede gustar menos, pero es lo más económico y las arcas municipales están por el traslado», indicó el alcalde, Gabriel Echávarri, quien celebró la resolución judicial que da un margen de tres meses más al Ayuntamiento después de que el Ministerio de Cultura abriera la puerta al traslado de la torre a una parcela municipal próxima.
Cabe recordar que sobre las viviendas pesa una sentencia del TSJ de 2004 obligando al derribo de todas las casas que estén en un radio de 25 metros desde este monumento, catalogado como Bien de Interés Cultural. En un intento de frenar la demolición, el anterior equipo de gobierno abrió otra vía para adquirir la torre y trasladarla, para lo que encargó sendos informes a las universidades de Alicante y CEU-Cardenal Herrera. Estudios que son favorables a este traslado. Sin embargo, esta opción debe de contar con el visto bueno del ministerio, al tratarse de un elemento protegido. Aunque hubo un primer informe negativo del Ministerio de Cultura, hace dos semanas este departamento abrió la vía para el traslado al publicar en el Boletín Oficial del Estado la apertura del expediente para hacerlo y de un periodo de alegaciones.
Ante el retraso en la ejecución de la sentencia, el Ayuntamiento viene justificando mensualmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sus movimientos tendentes a cumplir con ella. El juez, a la vista de los esfuerzos del equipo de gobierno municipal para hacerlo, aunque con la opción del traslado, ha accedido a prorrogar tres meses más la ejecución del fallo judicial.
En la resolución publicada hace dos semanas, el Ministerio de Cultura valora que la parcela a la que se quiere trasladar la torre, de 25.750 metros cuadrados, «está situada sobre el antiguo trazado de uno de los caminos de la Huerta sobre el que se construyó Torre Placia». En concreto, entre las calles Juana Francés y las avenidas Pintor Pérezgil y Conrado Albadalejo. Su emplazamiento «permite además la intervisibilidad con las torres Juana y Bosch». Además, «la extensión de la parcela permite disponer de un espacio anejo a la torre para conformar un nuevo entorno que constituya un marco paisajístico adecuado a su significación histórica».
Aunque desde el tripartito habían mostrado sus reservas al cambio de ubicación del BIC, la opción resulta más económica para las arcas municipales, que deben asumir el coste que conlleva la ejecución de esta sentencia y otras como la que obliga a pagar 18 millones de euros a Hansa por la urbanización del plan de la Condomina.
El alcalde ya avanzó que, si bien en el caso de Hansa es «más discutible», en el de Torre Placia se dio autorización «claramente en contra de la legislación vigente», por lo que afirmó que se recurrirá a los tribunales para reclamar responsabilidad patrimonial y penal a los responsables si las mismas no han prescrito.
En el caso de Torre Placia ya su socio de gobierno y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, había venido reclamando desde la oposición responsabilidad patrimonial para los ediles del PP que en el año 2000 aprobaron la licencia para el complejo residencial que invadía el entorno de protección de la Torre Placia. Entre ellos, citaba a la entonces alcaldesa en funciones, María Teresa Revenga y a los exediles Pedro Romero, José Luis Pamblanco, Carlos Alcalde y Andrés Llorens.
