Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales han planteado discrepancias a varios artículos del decreto ley de la Generalitat Valenciana que devolvió la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en la Comunidad al estimar que pueden ser inconstitucionales.
El Gobierno ha solicitado en consecuencia que se cree una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat con el fin de buscar una solución que evite la presentación del recurso de inconstitucionalidad, según un escrito del Gobierno al que ha tenido acceso Efe.
En ese escrito, el Gobierno expone que el decreto ley que el ejecutivo valenciano aprobó en julio por el que reguló el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad «puede incurrir en extralimitación competencial». Ese decreto devuelve la cobertura a 30.000 personas, a las que se concede una tarjeta sanitaria, tienen acceso a la cartera básica de servicios, se les asigna un facultativo de medicina general y cuentan con la prescripción de medicamentos con receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas. El Gobierno expone que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y de las prestaciones básicas en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública.
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, reafirmó ayer que la atención sanitaria integral «entendida como un derecho fundamental de toda persona es un principio irrenunciable para el Consell». «Con el derecho al acceso integral a la salud no se mercadea», manifestó ayer la conseller. Montón recuerda que la norma fue avalada por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat. Y que dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han respaldado medidas similares de extensión de la cobertura asistencial tomadas en País Vasco y Navarra.
