La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, se ha reunido con once entidades financieras para abordar un documento con medidas que deben llevar a cabo las entidades financieras dentro del marco de la Mesa de Prevención de los Desahucios. El Consell está trabajando para paliar la grave situación en la que se encuentran las personas que han perdido o tiene grave riesgo de perder su vivienda habitual.

Por ello, en la reunión se ha instado a las entidades financieras a que se comprometan a «no realizar ningún lanzamiento en viviendas habituales de personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda de la Generalitat Valenciana» y, además, también se les ha pedido que «agoten todas las vías de negociación». Al encuento han asistido representantes de Caixabank, Banco Sabadell, BBVA, Banco Santander, Ibercaja, Caixa Popular, Cajamar Caixa Rural, Bankia, Kutxabank, UCI y Caixa Ontinyent, entidades financieras que también forman parte de la Mesa de Prevención de los Desahucios.

Por otra parte, en el documento que se les ha entregado a las entidades financieras también se especifica que se deben comprometer a colaborar, mediante un interlocutor con la Mesa para la Prevención de Desahucios, de todas aquellas situaciones de impago que puedan suponer «un riesgo para la pérdida de la vivienda habitual del deudor». El objetivo es que se «pongan en marcha todo los canales de mediación para encontrar una solución al problema».

El pasado 29 de septiembre, la Conselleria de Vivienda constituyó la Mesa de Prevención de los Desahucios con el objetivo de establecer un marco de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones efectivas en las situaciones como consecuencia del sobre-endeudamiento o dificultad para hacer frente a los pagos de la hipoteca de la vivienda habitual.

En esa primera reunión, los más de 40 representantes de diferentes entidades sociales, financieras e institucionales establecieron las líneas de trabajo para poder actuar de forma coordinada y evitar así los desahucios mediante la búsqueda de fórmulas propuestas por todas las partes implicadas.