Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales han planteado discrepancias a varios artículos del decreto ley de la Generalitat Valenciana que devolvió la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en la Comunidad al estimar que pueden ser inconstitucionales.
El Gobierno ha solicitado en consecuencia que se cree una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat con el fin de buscar una solución que evite la presentación del recurso de inconstitucionalidad, según un escrito del Gobierno al que ha tenido acceso Efe.
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, reafirma que la atención sanitaria integral «entendida como un derecho fundamental de toda persona es un principio irrenunciable para el Consell». «Con el derecho al acceso integral a la salud no se mercadea», afirma la conseller.
