La crisis económica que comenzó a sacudir España en el último trimestre de 2007 continúa dando quebraderos de cabeza a los 141 ayuntamientos de la provincia. Tanto, que las corporaciones locales han frenado en seco su ritmo inversor para centrar sus recursos en la amortización de deuda. De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio de Hacienda, los consistorios alicantinos apenas destinaron el pasado año 128 millones de euros para impulsar actuaciones en sus respectivos términos municipales. En 2009, con la situación económica ya manifiestamente deteriorada, esa cuantía fue de 482,2 millones. O, lo que es lo mismo, el desplome inversor en las localidades alicantinas ha quedado cuantificado en un 73,4% en apenas un lustro. Y, además, la cifra de obligaciones reconocidas en inversiones reales fue la más baja de los últimos años en 2014, tal y como se desprende de las series históricas que publica el Ministerio.
Pero, ¿qué ha ocurrido para que se haya contabilizado una caída de tal calibre? Las causas son varias. En primer lugar, el descalabro de la recaudación. Pese a que la burbuja inmobiliaria ya ofrecía evidentes síntomas de agotamiento en 2009, los ayuntamientos alicantinos aún pudieron «rascar» ingresos ese ejercicio gracias al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas urbanísticas. Pero en 2014, con el sector en pleno proceso de reconversión, los tributos ligados al ladrillo han quedado ya como «algo residual» en las cuentas municipales, según admite un alcalde de la provincia.
La crisis inmobiliaria, por tanto, ha supuesto un problema, y serio, para los consistorios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos aprovecharon la época de bonanza para dotar a sus municipios de todo tipo de servicios. Polideportivos, piscinas, equipamientos dotacionales, nuevos parques... Y, además, reforzaron sus respectivas plantillas. Tanto, que en 2009 destinaron 652,4 millones para cubrir gastos del Capítulo I.
Pero entonces llegaron las turbulencias económicas. Y con ellas, la consiguiente caída de ingresos. ¿Y qué pasó a continuación? Que llegaron los recortes. Incapaces de poder afrontar el mantenimiento de los nuevos equipamientos, los consistorios decidieron meter la tijera y ajustaron sus inversiones. Un caso evidente es el de Elche. En 2009, por ejemplo, el ayuntamiento que entonces capitaneaba el socialista Alejandro Soler reconoció obligaciones en ese apartado por 47,5 millones. En 2014, por el contrario, el equipo de gobierno de la popular Mercedes Alonso únicamente destinó 2 millones para inversiones reales, de acuerdo con los datos de liquidación del presupuesto que acaba de publicar el Gobierno central. En la ciudad de Alicante, por su lado, la caída también ha sido relevante. Se ha pasado de invertir 80,7 millones en 2009 a 14,2 en 2014.
A la decisión voluntaria de los ayuntamientos de ajustar ese capítulo del presupuesto se unen también las exigencias del departamento de Cristóbal Montoro. Con la mayoría de los consistorios de la provincia cerrando ya los ejercicios con superávit -las cuentas evidencian que han sido capaces contener el gasto-, las entidades locales han visto privada una parte de su autonomía. Básicamente, porque los remanentes que generan no se han podido destinar de manera íntegra a impulsar inversiones y, por tanto, a generar actividad económica. Hacienda les obliga a derivar una parte de esos fondos a reducir su endeudamiento.
