La gota que colma el vaso. El Ministerio de Agricultura estudia, a instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar, una solicitud llegada desde los regantes del Júcar para que les autoricen la venta de 35 hm3 al Sindicato Central de Acueducto Tajo-Segura aplicando el decreto de sequía prorrogado hasta diciembre de 2016. La venta de agua, legal, coincide, sin embargo, con el nuevo capítulo abierto por los regantes valencianos en su guerra contra el regadío de provincia de Alicante, a la que le niegan agua tanto para regar como para beber al rechazar que se recupere la toma de Cortes de Pallás y, el último episodio, la negativa a ceder los 12 hm3 desde el embalse de Alarcón.
Un acuerdo que el Gobierno asegura sigue vigente, pero que debe plasmarse en los próximos diez días en el plan de cuenca del Júcar antes de que llegue al consejo de ministros para su aprobación definitiva. Paradójicamente, el agua del Júcar llegaría a Murcia y Almería, provincias para las que si habría reservas en el Júcar, la cuenca que se la niega a Alicante.
Una cuenca que ha recibido 60 millones de euros en los últimos cinco años para modernizar sus sistemas de regadío y ahorrar unos 100 hm3 de agua al año, según han constatado la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó y el Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante.
Los regantes alicantinos se enteraron de las negociaciones entre los agricultores valencianos y murcianos en la reunión que mantuvieron el pasado lunes en Madrid en el Ministerio de Agricultura para tratar de cerrar, precisamente, el convenio de Alarcón y que pueda llegar agua potable a la provincia -a la comarca de l´Alacant, que dejaría así de extraer de los pozos sobreexplotados del Vinalopó-. Un convenio que tiene la aprobación verbal de la propia ministra Isabel García Tejerina, pero que sigue sin quedar blanco sobre negro cuando ha comenzado la cuenta atrás hacia el final de la legislatura y, por tanto, puede quedar para un próximo gobierno, o sea eternizarse en el tiempo, según temen las comunidades de regantes de la provincia.
Tras la reunión del lunes, se produjo un nuevo gesto de buena voluntad de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, que el miércoles votó a favor del nuevo plan del Júcar en el Consejo Nacional del Agua, último trámite antes del Consejo de Ministros.
Los regantes alicantinos también han aparcado, de momento, su intención de demandar al Ejecutivo central en Bruselas por el cambio del proyecto del Júcar-Vinalopó, que hubiera llevado a la devolución de la subvención de 120 millones de euros que recibió el Ministerio para construir el trasvase. Por otro lado, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Saavedra, se comprometió también a corregir el texto del nuevo plan hidrológico del Júcar en el que se recortaba un 75% el uso del caudal subterráneo en la provincia limitándolo a 48 hm3 al año.
«La asignación del Júcar-Vinalopó de hasta 80 hm3 tiene que ser una asignación real y no una entelequia imposible de cumplir. La mayor parte de estos 80 hm3 deben asignarse de los recursos que ya se han generado en los ahorros de las obras de modernización que estamos pagando todos los españoles, comprometidos en el plan de cuenca del 98», insiste Andrés Martínez, presidente de la Junta.
Según los agricultores alicantinos, el recorte del 75% en el agua que se puede extraer de los acuíferos acarreará la desaparición de 52.000 hectáreas de cultivos, la pérdida directa de más de 30.000 puesto de trabajo directos y 250 millones de euros de rentabilidad agrícola anual.
