03 de octubre de 2015
03.10.2015

Alicante quiere pedir un préstamo de 27 millones para evitar el control de Montoro

El equipo de gobierno busca autonomía para afrontar el pago de 26 millones en indemnizaciones por sentencias judiciales. El alcalde pedirá responsabilidad penal y patrimonial a los políticos que aprobaron la urbanización junto a Torre Placia

03.10.2015 | 02:16
Alicante quiere pedir un préstamo de 27 millones para evitar el control de Montoro

Como un clavo que quita otro clavo, el Ayuntamiento de Alicante quiere recurrir a un nuevo préstamo bancario que le permita saldar el crédito de 27 millones de euros del último rescate del Gobierno. Un préstamo para liquidar otro que se concedió y refinanció con unas condiciones especiales, en cuanto a intereses y periodo de carencia, pero que permitiría al equipo de gobierno liberarse de las restricciones del plan de ajuste y del férreo control que ejerce el Ministerio de Hacienda sobre las cuentas municipales. Una libertad que daría alas al equipo de gobierno para confeccionar su presupuesto de 2016, ya de por sí comprometido por las sentencias judiciales que obligarán al tripartito a consignar entre 22 y 26 millones de euros.

«Perdemos prácticamente un año de inversiones y de iniciativa política», se lamentaba ayer el alcalde, Gabriel Echávarri. La mayor de las indemnizaciones es la que debe pagarse a Hansa Urbana de 18 millones de euros más intereses después de que en 1997 el PP –bajo el mandato de Luis Díaz Alperi aprobara definitivamente la reparcelación de la urbanización de la Condomina reclamando un 15% del aprovechamiento del suelo, pese a que la ley en ese momento contemplaba un 10%. Aunque los 18 millones deben consignarse en el presupuesto de 2016, el alcalde aseguró que negociarán con la mercantil para tratar de fraccionar el pago. El otro varapalo judicial por la construcción de una urbanización en el entorno del BIC de la Torre Placia acarreará, como ayer reiteró Echávarri, entre cuatro y ocho millones, dependiendo de si se opta por trasladar el monumento o por derribar los bungalows de su entorno protegido.

Echávarri incidió en que se trata de asuntos heredados del PP y aseguró que recurrirán a los tribunales para reclamar responsabilidades penales y patrimoniales a los políticos y técnicos que adoptaron las decisiones si las mismas no han prescrito. «Analizaré los expedientes donde se dieron autorizaciones, especialmente en Torre Placia, claramente en contra de la legislación vigente», dijo el alcalde y añadió que «ahora estamos pagando el perjuicio». Menos contundente fue Echávarri en el caso de Hansa, considerando que «jurídicamente podía ser más discutible», aunque no lo descartó. La ordenación de la zona de la Condomina fue iniciada a finales de los ochenta bajo mandato socialista, pero no fue aprobada definitivamente hasta 1997 bajo mandato popular.

En el caso de Torre Placia ya su socio de gobierno y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, había venido reclamando desde la oposición responsabilidad patrimonial para los ediles del PP que en el año 2000 aprobaron la licencia para el complejo residencial que invadía el entorno de protección de la Torre Placia. Entre ellos, citaba a la entonces alcaldesa en funciones, María Teresa Revenga y a los exediles Pedro Romero, José Luis Pamblanco, Carlos Alcalde y Andrés Llorens.

«Ni incapaces ni menores»
Aunque el Ministerio de Hacienda con quien se reunió el tripartito hace una semana no había permitido al Ayuntamiento pedir préstamos al margen de los del rescate, Echávarri se reafirmó que sí podrían hacerlo y liberarse con ello «de todas las limitaciones del plan de ajuste». En cualquier caso, indicó que los técnicos valoran si la medida sería «ventajosa» para la ciudad. «Seguiríamos debiendo, pero seríamos libres para autogestionarnos y recuperar la soberanía. Sólo tendríamos obligaciones financieras, sin condicionantes políticos», argumentó el alcalde, quien apuntilló: «Somos lo suficientemente responsables para no gastar lo que no tenemos y en lo que no debemos. Ahora alguien (el ministerio) nos tiene que supervisar y en Alicante no somos ni incapaces ni menores de edad».

Por otro lado, el alcalde se refirió a la reunión del 19 de octubre con el empresario Enrique Ortiz (integrado en la contratas de limpieza y basuras y en la empresa que promueve el ATE de Rabasa para la llegada de Ikea). «Dice que quiere tratar temas de 'interés mutuo'», explicó Echávarri, quien aseguró que ha pedido al empresario que aporte los poderes de las «empresas a las que representa» para determinar si la reunión es «personal o empresarial».

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