28 de septiembre de 2015
28.09.2015

El PSPV propone investigar la adjudicación de cincuenta residencias de la era del PP

Los socialistas aluden a irregularidades en contratos con mercantiles vinculadas al exconseller Juan Cotino y al empresario Enrique Ortiz

28.09.2015 | 03:13

El PSPV en las Cortes Valencianas ha propuesto crear una comisión de investigación en el plazo de un mes, sobre las adjudicaciones a residencias de la tercera edad llevadas a cabo durante los años de gestión del PP. Según ha señalado el grupo socialista, no es la primera vez que intenta poner en marcha esta comisión sobre el que denomina 'modelo Cotino', dado que en la anterior legislatura esta iniciativa fue «rechazada por los votos en contra del PP». Ahora, y con un nuevo mapa político en el hemiciclo autonómico, es muy probable que la creación de esa comisión salga en cambio adelante.

Al respecto, la diputada socialista y portavoz de Bienestar Social, Concha Andrés, ha explicado que la intención de su formación es «aclarar las adjudicaciones» que se llevaron a cabo desde la Conselleria de Bienestar Social «en cincuenta residencias, veinte de las cuales estaban relacionadas con la familia de Juan Cotino y con el empresario Ortiz a partir de un concurso impulsado desde Bienestar Social durante la etapa de Rafael Blasco en el que se barajó adjudicar hasta 6.000 plazas de residencias en su mayor parte a empresas relacionadas con la construcción, no a empresas que ya estaban años trabajando en el sector de la tercera edad».

El PSPV exigió de forma reiterada explicaciones respecto a ese procedimiento «porque se daban unas condiciones extraordinarias, de privilegio». En ese sentido, Andrés afirmó que «lo extraño de este asunto es que, siendo Cotino conseller, se modificaron las condiciones, lo que supuso que la preferencia de cobertura de estas plazas se pasa al 100 % y se incrementó la duración del contrato a 25 años». «Mientras esto sucedía, había residencias públicas que se estaban cerrando en Alicante, Valencia o Benicassim». Al tiempo, según la diputada socialista, esas residencias tenían un coste-plaza superior a otras que eran públicas o gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.

«Consideramos que esta situación es gravemente irregular, porque por una parte estaba la preferencia en la concertación de las plazas, por otra el precio más caro y, en tercer lugar, también tenían preferencia de pago, puesto que la Generalitat pagaba antes a estas residencias, lo que supone otro privilegio añadido». Según ha calculado el PSPV, cada una de estas residencias cobraba 58 euros por plaza los 365 días del año, lo que, «con lo que, dado que se adjudicaron alrededor de 1.600 plazas, que se tenga constancia, estarían cobrando unos 33 millones de euros anuales».

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