El tripartito que gobierna Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) presentará el lunes en la reunión que mantendrá en Madrid con el secretario de Estado de Administraciones de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, un nuevo plan de ajuste, alternativo a las actuales condiciones del rescate, que atrapan a la ciudad hasta el año 2023 a causa del endeudamiento de las arcas municipales, lo que provocó la intervención de las cuentas municipales por el Ministerio de Hacienda.
Dos de las condiciones más duras del plan de ajuste son la imposibilidad para hacer inversiones en la ciudad y contratar personal hasta el 1 de enero de 2017, y eso es lo que pretende revertir el gobierno local, puesto que esas limitaciones «nos tienen muy maniatados», según reconoció ayer el alcalde, Gabriel Echávarri, quien finalmente no estará en la reunión de Madrid por problemas de agenda al haberse cambiado la fecha a última hora, explicó, para que participe el interventor, entre otros técnicos municipales. El regidor envía a la concejala de Hacienda, Sofía Morales (PSOE), y también acudirán sus socios de gobierno, el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, y el portavoz de gobierno, Natxo Bellido.
«Llevamos una propuesta de flexibilización del plan de ajuste y esperamos que tengan en consideración que aquí se han hecho los deberes, que los estamos haciendo, que estamos recuperando cosas que nos van a suponer más ingresos y que estamos reduciendo gastos. Queremos que nos quiten algunas losas que tenemos encima», como la congelación del capítulo 1 (personal) y del capítulo 2 (inversiones) del presupuesto, precisó, hasta el 31 de diciembre de 2016. «No podemos contratar a nadie, ni a una sola persona, que son las que hacen funcionar un ayuntamiento, ni hacer inversiones en la ciudad. Son las dos cosas más importantes y sin ellas ciertamente nuestro margen de maniobra para aplicar políticas se limita muchísimo. Si no podemos prestar servicios porque no tenemos personal, cerramos el ayuntamiento».
El regidor explicó que cuando se ha necesitado contratar psicólogos o trabajadores sociales han tenido que pedir autorización al Ministerio de Hacienda argumentando que es un servicio esencial. «Para contratar tres policías locales interinos tuvimos que pedir permiso y convencerles de que era absolutamente esencial para el buen funcionamiento de la ciudad».
El tripartito espera convencer al secretario de Estado de Administraciones Públicas con un plan «muy serio» que defenderán la edil de Hacienda y el interventor, y que incluirá las líneas básicas del presupuesto de 2016, que quieren aprobar en diciembre, y que estará marcado por proyectos como la finalización de la rehabilitación de la avenida de Niza y la rehabilitación de la antigua sede de la Cámara de Comercio, con fondos comprometidos por 700.000 euros y 1,4 millones respectivamente.
En Madrid expondrán también sus previsiones de aumento de recursos, empezando con la recuperación de la gestión de los tributos que tenía Suma, lo que supondrá un ahorro de 2,5 millones en intereses para las arcas municipales; y de reducción del gasto en partidas que el tripartito considera prescindibles. «Vamos a Madrid con una nueva forma de ver las cosas, y con capacidad para autoorganizarnos. Por eso pediremos que nos desbloqueen los capítulos de personal e inversiones, con las garantías de que se va a devolver todo lo que se debe y lo que nos dejaron, y que se va a seguir cumpliendo con el pago a proveedores». «Esperamos que el Ministerio de Hacienda no nos considere incapaces, como a los anteriores, que, por eso estaban tutelados y había que pedir permiso por todo».
