Doce años después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declarara ilegal la construcción de seis bungalows en primera línea del mar de la isla de Tabarca, en Alicante, la Conselleria de Vertebración del Territorio inició el miércoles pasado los trabajos para demoler las casas cuyas costas pasará, en principio a los propietarios. Un paso adelante -el problema no acaba con el derribo porque los dueños construyeron amparándose en las leyes urbanísticas autonómicas y con la licencia municipal en regla- que ha llevado a sacar a la luz las decenas de expedientes sancionadores, que esperan resolución en los ayuntamientos.
La mayoría, por no decir casi todos, suelen mirar hacia otro lado o actuar cuando el daño ya está hecho, debido a que las licencias de obra han sido, por lo menos hasta la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2007, la principal fuente de ingresos y, desgraciadamente, «mordidas» para muchos munícipes, en efectivo o especie. Otro problema, colateral, derivado de la falta de control es el hecho de que 250.000 alicantinos vivan en la actualidad en zonas inundables en 77 municipios de la provincia, debido a que sus viviendas ocupan hasta ramblas y barrancos. En Alicante, el 7,5% de su suelo -22 millones de m2- está afectado en mayor o menor medida.
La ley urbanística de la Comunidad Valenciana elevó a quince años el plazo para perseguir las construcciones ilegales realizadas sin licencia o sin ajustarse a la que tengan concedida. La legislación establece que la infracción y el periodo para imponer multas a los infractores es de cuatro años, pero la obligación de demoler o legalizar se extiende a largo de quince.
Los ayuntamientos pueden, incluso, hasta expropiar propiedades con infracciones muy graves. Esto podría afectar a miles de chalés ilegales construidos en la Comunidad Valenciana durante la burbuja inmobiliaria, pero casi siempre se mira hacia otro lado. También se pueden imponer multas por incumplir la orden de restauración de la legalidad, en cuantías entre 600 euros y 3.000 euros.
Los consistorios suman en estos momentos unos mil expedientes sancionadores que se van acumulando en el tiempo por la falta de personal y recursos, y al final, en el caso de decretar el derribo, los temas suelen acabar en el juzgado, con lo que los procesos arrancan de nuevo. En general, Se incoan, fundamentalmente, por la ejecución de obras de ampliación de viviendas mediante el cerramiento o acondicionamiento de terrazas, áticos, buhardillas, patios y otras dependencias exteriores de una vivienda.
En muchos casos, incluso, es la propia promotora de la vivienda la que «sugiere» al comprador la ampliación de la vivienda mediante el cerramiento de áticos o terrazas, actividad que se realiza una vez que el inmueble ha sido revisado por los técnicos municipales y ha obtenido el acta de comprobación favorable. Estas ampliaciones son, en la práctica totalidad de los casos no sólo obras sin permiso, sino también ilegalizables, ya que suponen incrementar en un edificio o vivienda la edificabilidad, algo inviable al haber sido agotada por el promotor.
Sólo en el Ayuntamiento de Alicante se han abierto entre el 1 de enero de 2010 y el pasado viernes un total de 1.674 expedientes por infracciones urbanísticas, algunos ya se han resuelto y otros siguen tramitándose.
Los bungalows de Tabarca caerán en los próximos días pero en el mismo ayuntamiento, el de Alicante, siguen sin resolverse casos similares como la polémica contrucción de una urbanización en torno a una torre de la huerta protegida (caso Plácia) o la paralización de un edificio en la primera línea del mar en la Playa de San Juan, cuyos promotores no calcularon que la estructura dejaría en penumbra la zona de arena durante buena parte del día, algo prohibido por en el PGOU de Alicante, el mismo que miró hacia otro lado y se ha encontrado ahora con que el esqueleto del edificio se ha convertido en morada de cientos de gaviotas para desesperación de vecinos.
Tres ejemplos del urbanismo consentido en Alicante a lo largo de los últimos 30 años que ahora pasa factura, como en su día la pasaron a la propia playa las torres levantadas en primera línea que acabaron por alterar la circulación de los vientos y aceleraron el proceso de regresión del arenal.
Sin dejar el municipio de Alicante, la Concejalía de Urbanismo inició en enero el trámite para la expropiación de once casas incluidas en un radio de 25 metros del entorno de la Torre Plácia (Bien de Interés Cultural) para cumplir así con una sentencia que le obligaba a demoler las viviendas del entorno de protección del monumento. La urbanización se autorizó hace 14 años y los vecinos compraron con todos los parabienes municipales. Ahora, existe la posible solución del traslado de la torre. El traslado costaría 3 millones de euros y debería ser costeado por el Ayuntamiento, curiosamente gobernado ahora por un equipo que no la autorizó.
En la Vega Baja, el Ayuntamiento de Torrevieja acumula más de 200 órdenes de ejecución de demoliciones en firme de obras ilegales e ilegalizables y que debería afrontar de forma subsidiaria. La mayoría de esas infracciones recaen sobre obras de ampliación de más de 15 m2 en viviendas turístico residenciales, sobreáticos sin licencia o directamente actuaciones que ocupan dominio público de viales, en especial, en este último caso, en la zona de las Torretas. El nuevo gobierno local asegura que quiere cambiar esta situación e incluirá una partida presupuestaria específica para comenzar el programa de demoliciones. Caso aparte son las numerosas promociones urbanísticas que comenzaban y comienzan a levantarse, todavía hoy, sin contar con licencia de obra. Los promotores usan la estrategia de iniciar las obras -sobre suelo urbano y zonas ya reparceladas-precisamente para agilizar el trámite obtención de obtención del permiso. Paradójicamente, si son expedientados el visto bueno municipal llega antes que si deben esperarlo por el cauce habitual. Ante la lentitud burocrática, la autorización compensa la sanción.
En Elda sigue pendiente desde hace veinte años la demolición de las 118 viviendas situadas en la partida de La Jaud. Un derribo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que no se ha ejecutado todavía porque, entre otras razones, hay propietarios de buena fe afectados por un conflicto urbanístico que han tratado de resolver, sin éxito alguno, los equipos de gobierno de las cuatro últimas legislaturas. El actual ejecutivo, el que forman PSOE y Compromís, también se ha puesto manos a la obra y, de hecho, la concejalía de Urbanismo convocó en junio pasado a los demandantes y afectados para formar una mesa negociadora con la que avanzar hacia una solución que evite echar por tierra 118 viviendas de nueva construcción
En Benidorm perdura una polémica urbanística en la que se ha llegado a hablar hasta de demolición, pero que lo único que hace, de momento, es generar debate durante años. Es el caso de las conocidas torres de viviendas de Punta Llisera, también llamadas Gemelos 28. Una construcción contra la que una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012 determinó que se derribaran. En la misma figuraba como demandante la Administración General del Estado y se estimaba que estos bloques, de 21 alturas, construidos en la zona del Rincón de Loix, ocupaban un área de protección marítimo-terrestre, por lo que la licencia de obra que se dio a sus promotores en 1988 es incorrecta.
En La Vila, continúa en estructura el Atrium Beach, el hotel cuya obra se paralizó por un exceso de edificabilidad de más de 10 plantas. Según fuentes de la constructora, este exceso ya está legalizado.
En Elche, aunque la crisis ha producido un efecto inverso en las infracciones urbanísticas, que han caído en picado por el descenso de la actividad constructora, todavía siguen teniendo presencia las ilegalidades. De hecho, la ciudad ha registrado a lo largo de este año 141 certificados de infracción urbanística. Asimismo, el Ayuntamiento ha incoado en lo que llevamos de 2015, 63 expedientes sancionadores y ha aprobado 25 decretos de demolición. Paralelamente, el Consistorio ha contabilizado 57 denuncias por este tipo de faltas y ha remitido 11 expedientes al juzgado Contencioso-Administrativo. Los resquicios de la parálisis en la construcción han disminuido en el término municipal ilicitano, con la desaparición de grúas abandonadas por el parón de nuevas edificaciones.
Finalmente, en Alcoy, sólo existe un chalet pendiente de derribo así como dos expedientes en sendas viviendas.
