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Los regantes denuncian ante la UE al Gobierno por impedir el trasvase de agua potable a Alicante

La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó demandará en Bruselas a Agricultura

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, ha convocado una asamblea extraordinaria el próximo jueves en Villena para acordar la presentación de una denuncia contra el Gobierno de España, en Bruselas, al que los regantes y ayuntamientos afectados por el trasvase acusan de vulnerar las condiciones del proyecto. En concreto, porque el agua del Júcar que llega a la provincia no sirve para beber, condición que puso la Comisión Europea para subvencionar las ejecución de las obras con 120 millones de euros en 2001.

Catorce años después, el divorcio entre el Ministerio de Agricultura y los regantes es total, debido a que no se ha firmado ni el convenio para recibir caudales potables desde el embalse de Alarcón, tal como prometió el Ministerio para compensar el retraso en la ejecución de la toma de Cortes de Pallás.

Para colmo, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha encendido más los ánimos al incluir en el nuevo plan de cuenca del Júcar el recorte del 75% del caudal subterráneo que se extrae de los acuíferos. Martínez tiene previsto reunirse el lunes en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, al que le trasladará la decisión de denunciar el bloqueo del trasvase en Europa.

En principio no hay vuelta atrás, aunque «siempre acudimos con esperanzas a Madrid a pesar de los palos que nos han ido dando, primero desde el Gobierno de Zapatero y en los últimos años el de Rajoy. Ya estamos hartos. Hemos agotado todas las vías de diálogo», sentenció ayer Andrés Martínez.

Los regantes exigen también al Ministerio que obligue a la Confederación del Júcar a que mantenga el derecho a extraer todos los años 193 hm3 de recursos subterráneos, que son los correspondientes a la suma de las concesiones y no reducir a 48 hm3 las extracciones posibles a partir de 2027.

«La asignación del Júcar-Vinalopó de hasta 80 hm3 tiene que ser una asignación real y no una entelequia imposible de cumplir. La mayor parte de estos 80 hm3 debe de asignarse directamente de los recursos que ya se han generado en los ahorros de las obras de modernización que estamos pagando todos los españoles, comprometidos en el plan del Júcar de 1998», señaló ayer Martínez.

Según los agricultores, el recorte del 75% en el agua que se puede extraer de los acuíferos -no hay compensación por el fracaso del Júcar-Vinalopó- acarreará la desaparición de 52.000 hectáreas de cultivos, la pérdida directa de más de 30.000 puestos de trabajo directos, 250 millones de euros de rentabilidad agrícola anual y la amenaza del abastecimiento para más de 300.000 habitantes en la comarcas del Vinalopó. Por otro lado, la falta de agua provocará el avance de la barrera de la desertización hacia el norte con la desaparición de 520.000.000 de m2 de mancha verde, que en este momento existe en la provincia, según los regantes..

Los agricultores se sienten discriminados con los tradicionales del Júcar, que cuentan con más de 10.000 m3 de derechos por hectárea y año, «donde no se controla la superficie y donde no se controla el uso del agua como se viene realizando en la provincia de Alicante», denuncia Martínez. La Junta cuestiona, por otro lado, que Castilla-La Mancha «haya incrementado más de 80.000 hectáreas de regadío para realizar mayoritaria cultivos financiados por europa por su falta de rentabilidad».

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