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La Fiscalía lleva a 30 personas al banquillo por la primera trama de blanqueo china

El ministerio público reclama penas que suman 229 años de cárcel para todos los acusados y el pago de 725 millones en multas

Caballos de pura raza que fueron incautados a la red en 2009

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido sentar en el banquillo a un total de treinta personas y un entramado de quince empresas en el primer proceso en la provincia contra las redes de blanqueo chinasredes de blanqueo chinas, según los escritos de acusación a los que ha tenido acceso este diario. La trama habría enviado presuntamente 168 millones de euros ilegalmente a China desde la provincia de Alicante procedentes de la venta de calzado entre los años 2005 y 2009. El juzgado de Instrucción número uno de Alicante ha dictado la apertura de juicio oral y en estos momentos todavía se están recibiendo los escritos de defensa de los imputados antes de mandar la causa a la Audiencia Provincial para que celebre el juicio. Cinco de los acusados son de nacionalidad española y el resto son de procedencia asiática.

La operación policial se remonta al año 2009 y fue el primer golpe a las tramas de blanqueo de capitales procedente del calzado chino. La Policía se incautó de siete viviendas, dinero en efectivo y hasta ocho caballos pura raza cuando se precipitó la operación. La investigación se produjo tres años antes de que la Audiencia Nacional comenzara a investigar la presunta trama de Gao Ping, otro de los mayores golpes al blanqueo de capitales del gigante asiático.

La Fiscalía reclama penas que oscilan entre los seis y los 22 años de prisión en función del grado de participación de los participantes. Se les imputan delitos contra la Hacienda pública, por la presunta defraudación de IVA, y de blanqueo de capitales. Las penas de prisión que se piden a todos los acusados suman 229 años, mientras que las multas por lo defraudado asciende a 725 millones de euros. La causa se ha archivado provisionalmente para ocho personas que no pudieron llegar a ser localizadas cuando se efectuaron las investigaciones y que permanecen en paradero desconocido. El juzgado ni siquiera ha podido interrogarles por estos hechos.

El ministerio público considera que la organización se dedicaba a dar salida a China el dinero de la venta de calzado a través de transferencias bancarias por empresas gestionadas en su mayoría por personas de dicha nacionalidad. El fiscal asegura que gran parte de estas trasferencias se correspondía con operaciones no declaradas a Hacienda en España. Las sociedades se encontraban afincadas en el Polígono de Carrús en Elche y el calzado se importaba directamente desde la nación asiática para venderlo en territorio nacional. El valor de las compras declarado en la Aduana era muy inferior al real, por lo que pagaban menos aranceles, mientras que, para ocultar la verdadera identidad de la persona que debería haber declarado esas ventas para pagar los impuestos, las transferencias a los proveedores de China se hacían a través una red organizada de personas y entidades que, a cambio de una comisión, enviaban el dinero. Según la Fiscalía, estas mercantiles conocían perfectamente el origen ilegal del dinero y la comisión percibida oscilaba entre el 0,8 y el 1 por ciento de las cantidades trasferidas. Las acusaciones distinguen por un lado entre los defraudadores de los impuestos del calzado y aquellos que se prestaban a colaborar en las labores de blanqueo.

Por su parte, el Abogado del Estado considera que la trama mediante esta operativa conseguía eludir el pago de impuestos y obtenían «de forma desleal y delictiva una posición más competitiva en el mercado» por haber importado los productos a un menor coste, que podían vender después a precios bajos. La organización llegó a falsificar facturas y documentos para tratar de justificar el dinero que enviaban a China.

La mayor pena (22 años de cárcel) se solicita a un empresario de nacionalidad española que es, para el fiscal, quien organiza las trasferencias de dinero a China y figura como administrador de las sociedades instrumentales dedicados a esa actividad.

La investigación se ha desarrollado durante seis años en los que los técnicos de la Agencia Tributaria y la Policía han estado analizando con lupa la contabilidad de las empresas para poder determinar el importe total del fraude.

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