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Tabarca recupera su territorio

La Generalitat inició ayer el proceso para demoler los seis bungalows que ocupaban suelo protegido

La Conselleria de Vertebración del Territorio comenzó ayer los trabajos, a cargo de la constructora OHL, que se adjudicó el derribo por 375.000 euros, para demoler los seis bungalows construidos en suelo protegido en Tabarca, que fueron declarados ilegales por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2003, atendiendo una demanda de Costas en 1999. En principio, la actuación se centró ayer en acceder al interior de las casas para comprobar que ya no había dentro inquilinos ni enseres que retirar. Los operarios de la empresa, custodiados por personal de la Conselleria de Territorio y agentes de la Policía Local y Guardia Civil, tiraron abajo las puertas para comprobar que dentro de las viviendas ya no quedaba nada, en una jornada en la que por la zona no aparecieron ni los propietarios, ni curiosos.

A partir de ahora comienza un proceso que durará todavía un par de semanas hasta que entre la pala y eche abajo las viviendas. El Consell tiene previsto pasar al cobro de los dueños el pago del derribo, pero se enfrenta también a una reclamación patrimonial de los mismos, ya que estos piden una indemnización de 2,5 millones de euros, al entender que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró ilegal la construcción en 2003 fue contra la Generalitat Valenciana, que había dado lo permisos. Ellos compraron, por tanto, unas viviendas con licencia de obra y cédula de habitabilidad, lo que les permitió contratar la luz y el agua. Los propietarios alegan que son damnificados de una situación que se ha prolongado 12 años y parece que, por fin, ha entrado en su recta final. De hecho, la zona quedó vallada y los técnicos estiman que los bungalows serán historia en dos semanas.

Doce años después, la Generalitat ocupa desde ayer el solar donde encontró vacías las viviendas, ya que los propietarios hace meses que sacaron sus enseres e, incluso, una de ellas está quemada por dentro. Los dueños de las casas, que ayer seguían con agua y luz, han presentado un recurso ante el TSJ tras recibir la comunicación de Territorio a finales de julio y uno de ellos, el que fuera promotor de la obra, el exalcalde de Santa Pola, Pascual Orts, tiene planteado otro recurso (incidencia) contra el derribo ante el Tribunal Supremo que, según Orts, sigue sin pronunciarse.

La entonces Conselleria de Infraestructuras había aplazado en octubre de 2014 la demolición de los seis bungalows que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró ilegales en 2003, tras una denuncia del Ministerio de Medio Ambiente por la vulneración de la Ley de Costas, algo que consistieron tanto el Ayuntamiento de Alicante, que dio las licencias y la cédula de habitabilidad posterior, como la propia Generalitat, que validó todos los pasos municipales. Doce años después y pese a que el 15 de enero de 2013 los inquilinos debían haber dejado sus viviendas, hasta ayer se habían producido actos de vandalismo como el robo de cables, marcos de ventanas y contadores de la luz y el incendio de una de las casas.

El juez que ordenó la demolición de los seis bungalows construidos ilegalmente, según Costas, en la isla de Tabarca por el exalcalde de Santa Pola, Pascual Orts, instó a los propietarios a que vaciaran las casas antes del pasado 15 de enero, fecha a partir de la cual los técnicos de la Conselleria de Infraestructuras podían acceder a su interior, retirar los enseres y solicitar una nueva orden al Juzgado para proceder a la demolición, pero todo se paralizó en marzo a la espera del fallo del TSJCV, que dio su aprobación en julio, ya con el nuevo Consell instalado en Valencia. Ejecutivo que anuncia la restitución de la legalidad urbanística como una de sus banderas en esta legislatura

El Consell adjudicó en noviembre de 2013 el derribo de las casas a la constructora OHL por 375.000 euros, y trasladó entonces a los propietarios que serían ellos los que debían costear la demolición. Estos siempre han sostenido que son los principales damnificados, ya que construyeron con los permisos de Ayuntamiento y Conselleria. De momento, pierden la batalla.

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