La sentencia que obliga a demoler las casas es consecuencia del recurso interpuesto por el entonces Ministerio de Medio Ambiente contra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, del 17 de junio de 1999, autorizando la contrucción de los seis adosados pese a afectar a la servidumbre de paso en suelo público. El Tribunal Superior de Justicia declaró las casas ilegales en 2003, y el Tribunal Supremo lo ratificó en 2009. Desde ayer, la demolición de las casas inició la cuenta atrás.
