Que el Tribunal Constitucional decida. Diez años después de iniciarse la guerra entre los regantes de la provincia y el Gobierno por el bloqueo que sufre el trasvase Júcar-Vinalopó, tras cambiarse la toma del agua, el conflicto se ha enquistado de tal manera que los agricultores han anunciado al Ministerio de Agricultura que van a pedir el amparo del Tribunal Constitucional. El motivo del recurso es el «tajo» que se ha dado en el nuevo plan de cuenca de la demarcación del Júcar al caudal de los acuíferos del que se abastece la provincia.
En concreto, de los 193 hm3 al año actuales se pasará en los próximos 12 años a un máximo de 47 hm3, que son los que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar consideran renovables (se recuperan todos los años con la lluvia). La decisión, según Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, representa la puntilla, no sólo para la agricultura provincial, sino para muchos sectores industriales porque, encima, el agua desalada no puede elevarse hasta el Medio y Alto Vinalopó. «Estamos hartos de ser los parias de España», subrayó ayer Andrés Martínez.
Martínez sostiene, y así se lo ha trasladado a la directora general del Agua, Liliana Ardiles, que la Confederación del Júcar parte de un error de bulto al calcular el agua que permitirá extraer de los acuíferos. «No se puede limitar la sustitución de recursos en base a la utilización del agua que se ha hecho en el periodo analizado por los técnicos, que coincidió con el periodo en que menos agua utilizamos por la sequía. Lo que pedimos, además, es que mientras no se solucione el tema del aporte externo de agua con el trasvase no se haga efectivo el recorte», aseveró el presidente de los usuarios.
Los regantes recurrirán al Tribunal Constitucional tras comprobar, por otro lado, que en Madrid sigue enquistado el convenio para trasvasar hasta la provincia los 12 hm3 de agua potable desde el embalse de Alarcón, que hubieran maquillado el actual envío de caudales desde Cullera. Trasvase que sólo sirve para regar el arbolado, pero que se aceptó por el avance de la sequía. La toma de Cortes de Pallás -45 millones de euros tirados a la basura- no se va a recuperar y, para más sonrojo de los rectores de la Confederación del Júcar, tanto con el PSOE como ahora con el PP, el mantenimiento de la infraestructura ha costado ya unos 3 millones de euros de fondos públicos desde 2005, a razón de unos 300.000 euros anuales.
Para colmo, la eliminación de esta parte del trasvase condenó al tramo de la Font, que incluía la central de turbinación del Ramblar a la altura de Fuente la Higuera, tras invertir 22 millones de euros. «La asignación de agua al Júcar-Vinalopó tiene que ser de 80 hm3 anuales y reales, y no una entelequia imposible de cumplir. La mayor parte de estos recursos deben asignarse directamente del río, ya que se han generado ya ahorros de hasta 100 hm3 al año en los regadíos del Júcar por una modernización que hemos pagado todos», sentenció Martínez.
Por otro lado, el Gobierno pretende que los agricultores paguen un peaje de 1,3 millones de euros al año (0,13 euros/m3) por recibir los caudales de la solución «parche» desde Cullera Los 10 hm3 que debieran llegar desde el embalse de Alarcón para los municipios de l´Alacantí que dejen así de extraer el agua de los acuíferos del Vinalopó. El dinero iría a engrosar las arcas de los regantes de Valencia (700.000 euros); la Confederación Hidrográfica del Júcar (200.000) y las compañías eléctricas (400.000), algo que rechazan los usuarios de Alicante.
