El Consell anuncia el inicio esta semana de los trabajos previos a la demolición de las seis viviendas que ocupan suelo pretegido en la isla de Tabarca

El Consell anuncia que el miércoles comenzará la demolición de las seis viviendas que ocupan suelo protegido según Costas y sentencias judiciales

21.09.2015 | 17:33
El Consell anuncia el inicio esta semana de los trabajos previos a la demolición de las seis viviendas que ocupan suelo pretegido en la isla de Tabarca

La Conselleria de Vertebración del Territorio iniciará el miércoles los trabajos para preparar la demolición de las seis viviendas adosadas en la Isla de Tabarca cuya construcción contraviene la Ley de Costas al estar ubicadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. La actuación de la Generalitat, a través de la Conselleria, se realiza tras el incumplimiento voluntario, por parte de los titulares de las viviendas, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo y el inicio de los trabajos de demolición se efectúa una vez resuelta definitivamente la autorización judicial de entrada en las viviendas, según indica en un comunicado la conselleria que dirige María José Salvador. Fuentes de Territorio apuntaron ayer que el proceso es largo porque primero tienen que vaciar todo el interior, de ahí que la demolición física de las estructuras se retrasará todavía unas semanas.

La Conselleria de Infraestructuras había aplazado octubre de 2014 y sin fecha la demolición de los seis bungalows que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró ilegales en 2003, tras una denuncia del Ministerio de Medio ambiente por la vulneración de la Ley de Costas, algo que consistieron tanto el Ayuntamiento de Alicante, que dio las licencias y la cédula de habitabilidad posterior, como la Generalitat, que validó todos los pasos municipales. Once años después y pese a que el 15 de enero de 2013 los inquilinos debían haber dejado sus viviendas, los técnicos del departamento no han podido acceder todavía a todos los inmuebles. Existe un problema añadido que no ha explicado aún la Conselleria. De donde saldrá el dinero para pagar las indemnización (en torno a 1,2 millones de euros) a los propietarios que compraron unas viviendas que se habían levantado con licencia municipal reglamentaria.

Los dueños presentaron una reclamación patrimonial ante el Consell, al que pedían dos millones euros de indemnización, ya que se sienten los principales perjudicados por un pleito entre Costas y la Generalitat. La licencia de obra y la cédula de habitabilidad y ocupación siguen en vigor, y las casas tienen luz y agua porque las compañías se han negado a cortarlas.

El juez que ordenó la demolición de los seis bungalows construidos ilegalmente, según Costas, en la isla de Tabarca por el exalcalde de Santa Pola, Pascual Orts, instó a los propietarios a que vaciaran las casas antes del pasado 15 de enero, fecha a partir de la cual los técnicos de la Conselleria de Infraestructuras podían acceder a su interior, retirar los enseres y solicitar una nueva orden al Juzgado para proceder a la demolición, pero todo se ha paralizado a la espera del fallo del TSJCV sobre la posible indemnización y la investigación de la Generalitat.

La sentencia que obliga a demoler estas casas es consecuencia del recurso interpuesto por el entonces Ministerio de Medio Ambiente contra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, del 17 de junio de 1999, autorizando la contrucción de los seis adosados pese a afectar a la servidumbre de paso en suelo público. El Tribunal Superior de Justicia declaró las casas ilegales en 2003, y el Tribunal Supremo lo ratificó en 2009. La sentencia del Supremo rechazó en su día recursos presentados por Pascual Orts, Vicente Pastor Antón y Luis Torres Castaño contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en abril de 2003 que anuló la autorización concedida por la Generalitat y declaró ilegales los seis bungalows por estar construidos en terrenos que son servidumbre de protección y deben servir de paso al público en general.

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