La falta de dinero con el que gestionar en alguna concejalía el PP sólo dejó 480 euros condiciona en el Ayuntamiento de Alicante los primeros cien días del gobierno del tripartito formado por el PSOE, Guanyar Alacant y Compromís. Pese al poco tiempo transcurrido hay una coincidencia generalizada en que los tres socios Gabriel Echávarri, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido mantienen un suspicaz y desconfiado trío de conveniencia en un día a día cargado de continuas provocaciones.
«Inexperiencia», «falta de pragmatismo», «decepción», «bisoñez», «falta de previsión», «buena voluntad», son algunas de las definiciones que realizan conocedores de la política municipal alicantina al valorar los cien días de una gestión en la que el tripartito se ha dado de bruces contra la realidad en algunos asuntos de importancia, como el macrocentro comercial que acompaña a Ikea o el rescate de las contratas municipales. De sus objetivos iniciales, ha logrado recuperar la gestión directa de los impuestos que traspasó a Suma el anterior gobierno del PP.
Durante la campaña electoral, los tres socios del tripartito se opusieron con vehemencia al macrocentro que acompaña en Rabasa al centro comercial de la multinacional sueca. En el poder, y tras reunirse con directivos de la mercantil, ya no trabajan en eliminar ese macrocentro sino en reducirlo, coincidiendo con el planteamiento que al final del mandato de los populares hizo el alcalde Miguel Valor, lo que ha tensionado la relación con el comercio local que exige al PSOE, Guanyar y Compromís que cumplan lo prometido.
En el caso de las contratas municipales ha pasado algo similar, la realidad y la legalidad pone en cuestión el planteamiento de que servicios que ahora prestan empresas privadas, como el de la limpieza, vuelvan de nuevo a ser de gestión pública. El paso de los trabajadores a funcionarios es imposible y esto supondría un serio revés a las colocaciones que realizan en estas empresas los partidos que hasta ahora han detentado el poder en Alicante: PP y PSOE. Para colmo, los vecinos siguen con las mismas quejas, iniciadas durante el mandato de los populares, por falta de limpieza en las calles de la ciudad.
Tampoco ha sido brillante el papel desempeñado por el tripartito de Alicante frente al tripartito de Elche en la reunión que mantuvieron en julio para reclamar unidos inversiones para la provincia. Mientras Alicante se tomó la reunión cono de cortesía, los ilicitanos demostraron traer los deberes hechos y en el listado de las obras consensuado por los dos equipos de gobierno no aparecen actuaciones imprescindibles para la capital de la provincia como la transformación de la entrada por el sur, lo que siembra la duda con respecto a que el PSOE esté en la línea de máxima colaboración con Elche que quiere Compromís.
Con un mes de agosto de por medio, no parece notarse aún el cambio político en la calle, pero, a nivel interno, el Consistorio hierve. Las fuentes consultadas coinciden en que mientras Guanyar y Compromís aún están situándose, con cierta ingenuidad en algún caso, el PSOE no ha perdido el tiempo en empezar a tejer la tela de araña del poder, que pasa por las manos de Ángel Franco, padrino político del alcalde, Gabriel Echávarri.
A Franco no se le suele ver por el Ayuntamiento es una condición impuesta a los socialistas por Compromís, pero no le hace falta, puesto que su mujer es asesora en el área de Recursos Humanos, cuyo responsable político, el concejal socialista Carlos Giménez, es persona de la absoluta confianza de Franco. En la estrategia socialista con sus socios de gobierno, Gabriel Echávarri hace de «poli bueno» y Carlos Giménez de «poli malo». A Giménez se le considera «el poder en la sombra».
Controlar el área de Recursos Humanos sin efecto para los ciudadanos representa en la práctica política tener el control del Ayuntamiento. A través de Recursos Humanos se pagan favores por medio de buenas colocaciones en departamentos y se puede torpedear desde dentro a los socios de gobierno. Un ejemplo, Compromís y Guanyar aún no han conseguido en cien días el personal que quieren para algunos de los departamentos que gestionan. Mientras, los peones de los socialistas ya están en sus puestos e, incluso, se han otorgado buenas colocaciones a personal de la máxima confianza de la exalcaldesa Sonia Castedo.
En algunos sectores del funcionariado alicantino hay malestar por los puestos asignados desde Recursos Humanos al exconcejal del PP y funcionario Mariano Postigo, al asesor de Castedo funcionarizado Michel Ortuño, a Enrique Alcaraz y a Isabel Campos, imputada en el caso Brugal por el plan Rabasa. La lectura es clara. Por una parte disponen de información sensible del PP y por otra parte pueden ser usados, en algún caso, como ariete contra Guanyar y Compromís llegado el momento de una ruptura o de serias desaveniencias en la gestión municipal. Testigos presenciales en la toma de posesión de los concejales el pasado 13 de junio no salen de su asombro porque el asesor de Castedo que llamó «guarro» al concejal de Guanyar Miguel Ángel Pavón en ese acto esté bien colocado por el PSOE, lo que puede dar una idea de la relación entre el PSOE y Guanyar o, mejor dicho, entre Echávarri y Pavón.
Con una ironía no exenta de cierta maldad, en el ámbito político municipal no se tienen dudas de que Echávarri gobernaría más cómodo con José Luis Cifuentes, de Ciudadanos, que con Pavón y no se descarta que tras las elecciones generales el panorama municipal pueda cambiar con la incorporación al gobierno local de los seis ediles de Ciudadanos. Pero ésta, de darse, es una operación política de gran calado que no sólo afectaría a Alicante, sino también a Elche e, incluso, al Consell. Lo que resulta evidente ahora son los capotes que el alcalde lanza a un Cifuentes en horas bajas en su formación política y a quien Echávarri valora como jefe de la oposición municipal, desdeñando al PP de Asunción Sánchez Zaplana que vive sus peores horas sin recuperarse del noqueo que le supuso la pérdida del poder hace tres meses y medio.
Quienes son conocedores de los entresijos en la Administración local alicantina aseguran que los locales de ocio, los popularmente conocidos como veladores, se han convertido en el talón de Aquiles del tripartido, en uno de los pocos asuntos, junto con la entrada en el gobierno de Ciudadanos, que podría dinamitar el actual gobierno local, algo que el PP alicantino espera que se produzca por inercia. Gran parte del poder económico del ladrillo en Alicante se ha refugiado en el sector del ocio, en el tardeo, y hay mucho dinero en juego. Si las paredes de los reservados de algunos restaurantes de la provincia hablaran, desvelarían estrategias contra la estabilidad futura del tripartito.
Más que tensión hay ya entre el PSOE y Guanyar por cómo solucionar el conflicto entre el negocio de los locales de ocio y las quejas de los residentes. Miguel Ángel Pavón, como concejal de Urbanismo, quiere dar satisfacción a las reclamaciones vecinales por la ocupación de la vía pública, poniendo orden en un sector que considera ha caído en abusos en algunos casos. Los empresarios saben que lo tienen difícil con él y, por tanto, es el enemigo a batir. Echávarri, con un hombre de su máxima confianza al frente de la asociación del ocio, es contrario al «dispuesto a todo» de Pavón contra el poder económico local. A Compromís no le gusta cómo se está gestionando este problema de la ciudad.
Pavón, alma mater de la oposición durante los mandatos del PP y con ideas claras sobre lo que quiere hacer, está en un serio brete. Es un hombre desconfiado por naturaleza, cualidad que le puede permitir sobrevivir en las actuales circunstancias en las que el alcalde le ha dado la competencia envenenada de Urbanismo para que se vuelque durante los próximos cuatro años en el hercúleo trabajo de elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para Alicante, que pocos creen pueda ser aprobado más allá de su estructura en el actual mandato.
Entretenido Pavón con la elaboración del planeamiento y con serios problemas con respecto al futuro político de la concejal de Guanyar Marisol Moreno, imputada por polémicos tuits inicitando a la violencia contra políticos y aficionados a la tauromaquia, sobre todo desde que ha entrado en escena Manos Limpias; el portavoz del equipo de gobierno, el concejal de Compromís Natxo Bellido, es quien mejor cartel tiene en estos momentos, aunque hay preocupación por su «ingenuidad y candidez», que muchos aseguran es una pose, ya que no se fía de sus socios y en algunas reuniones reducidas de Compromís ha puesto en evidencia que conoce la estrategia de poder que en el seno del Ayuntamiento está practicando el PSOE desde el minuto uno de la toma de posesión de la Alcaldía. Bellido, dicen, asume que debe lidiar con cuatro años de tortura y es consciente del precio que va a tener que pagar.
Transcurridos cien días, la batalla inmediata a la que se enfrentan Echávarri, Pavón y Bellido es el reparto de la exigua tarta del presupuesto de 2016. Las concejalías entregaron esta misma semana las previsiones y ahora vendrá la pelea por el dinero, así como llega el momento de determinar los proyectos e inversiones que planteará el tripartito para Alicante. El presupuesto de 2016 representa la hora de la verdad para el tripartito, que deberá demostrar que sabe gobernar más allá de la gestión de mantenimiento, poner semáforos y limpiar las calles.
No atreviéndose a subir impuestos, no pudiendo reducir el personal y no contando con créditos suplementarios que autorice el ministro Cristóbal Montoro en un Ayuntamiento intervenido y rescatado, el presupuesto municipal para el próximo año que ha de elaborar el departamento de la concejal de Hacienda, la socialista Sofía Morales, se aventura ya como un trabajo de equilibrios propios de los funambulistas en el alambre.
