Al tiempo que el conseller de Educación anuncia la inminente aprobación de las normas que regirán el reparto de los fondos hacia la gratuidad de los libros de textogratuidad de los libros de texto, entre las asociaciones de padres de alumnos crece la inquietud porque los interventores de cada ayuntamiento aportan una información distinta sobre el modo en que se cobrarán las ayudas por parte de las AMPA, que no disponen de facturas.
«No podemos depender de lo que opine cada interventor. El criterio debe ser claro y único y debe esta avalado por el Consell». El presidente de la federación provincial de padres de alumnos Gabriel Miró, teme que «se vaya a la basura el esfuerzo que hasta el momento han hecho las asociaciones de padres en los centros para abaratar los textos a las familias».
Ramón López subraya que desde el punto de vista fiscal, y a falta de unas reglas claras de juego, «las editoriales empiezan a frotarse las manos, porque acusan a las AMPA de competencia desleal y sin facturas, paradójicamente, no se puede acceder a las ayudas de 100 euros por alumnos para los libros de texto».
El representante de los padres lamenta que hasta el momento no hay tenido lugar ninguna reunión con responsables de la conselleria para poder trasladarles todas las dudas que el anuncio de la XarxaLlibres está creando entre el colectivo. «Las AMPA están en primera línea de fuego y es a estas personas, que actúan voluntariamente en favor de todos los demás, hacia quienes se están dirigiendo las protestas de cuantos no saben si recibirán el dinero ni de qué forma», añade López.
Guerra
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, César Sánchez, insiste en sus críticas por la generalización de estas ayudas pese a haber cedido finalmente y acordado sus financiación en pleno. La polémica sobre las ayudas hacia la gratuidad de los libros de texto parece haberse cerrado en falso, y el diputado demuestra que no guarda el hacha de guerra contra el nuevo Consell.
«Nuestra disposición es absoluta a colaborar con cuantas instituciones y planes se pongan en marcha para colaborar con las familias en materia social o económica, pero queremos trasladar a Ximo Puig que creemos que las formas son importantes y que hay que trabajar de abajo hacia arriba, y sentar a los ayuntamientos, diputaciones y asociaciones para colaborar en las propuestas», puntualiza ofendido.
Sánchez concluye que «hay que ayudar a las familias, pero entendemos que no de manera universal y, si hay necesidades no poner tope y no limitar a 200 euros la ayuda. La justicia social -afirma-, va a ser el eje de la Diputación los próximos cuatro años y para ello ponemos en marcha la mesa de la Solidaridad»
