¿Pero Ikea viene o no viene? Es la pregunta que muchos ciudadanos siguen haciéndose trece años después de que se conociera la intención de la multinacional de instalarse en Alicante y que aún hoy sigue sin tener respuesta. Lejos de ello, la implantación de la tienda sigue en el aire y las negociaciones con la administración más tensas que nunca, como evidenciaron los representantes de la firma sueca al levantarse de la mesa en la reunión que esta semana ellos mismos concertaron apresuradamente con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante al ver entrar a los fotógrafos de los medios de comunicación.
Con el Plan Rabasa anulado por los tribunales y bajo investigación penal, con la Actuación Territorial Estratégica en la que ahora se enmarca el proyecto paralizada por el Consell por las sospechas de presunto trato de favor a Enrique Ortiz (imputado en la causa judicial del Plan Rabasa) y con la oposición ciudadana en bloque al macrocentro comercial anexo a Ikea, el desplante de la multinacional al equipo de gobierno de esta semana no hace más que acrecentar la incertidumbre sobre el futuro de la inversión en la ciudad. Un proyecto en el que, hasta el momento han primado los intereses privados frente a los públicos, con la figura de Ortiz como principal beneficiario.
El Ayuntamiento sigue sin poner sobre la mesa una alternativa clara que haga viable la instalación de Ikea mientras la mercantil vuelve a lanzar su advertencia de llevarse la inversión a otro lugar del mundo si no se aceptan sus condiciones, que pasan por instalarse en Rabasa y con un macrocentro comercial anexo de, al menos, 83.000 metros cuadrados edificados (como tres centros comerciales de la ciudad juntos). Inflexible por ahora en sus cláusulas, la mercantil logró llevarse en julio a su terreno al tripartito de Alicante, que dejó a un lado su mantra electoral de «Ikea sí, macrocentro no» para comprometerse a tramitar con agilidad y seguridad jurídica el proyecto confiando en que la mercantil rebaje la superficie y ofreciéndose a presentarle alternativas de ubicación. Por el momento, no hay nada sobre la mesa. Sólo la incertidumbre de los comerciantes que recuerdan el compromiso electoral de todos los grupos políticos en contra del macrocentro comercial.
Y es que si bien la implantación de Ikea es vista como una oportunidad para el empleo y un revulsivo económico para la ciudad por ofrecer una oferta diferenciadora, tanto comerciantes como colectivos empresariales y hasta la Universidad de Alicante advierten de que el macrocentro que pretende llevar aparejado sería letal para el tejido comercial de la ciudad y para el tráfico.
El reto del equipo de gobierno está en evitar que la multinacional se marche y que se instale en Alicante, pero sin ese centro comercial anexo que para la mercantil es, por el momento, irrenunciable. Ese es el quid de la negociación. Pese a ello, los portavoces del tripartito, han obviado en sus últimas intervenciones públicas referirse explícitamente a ello y no se les ha oído pronunciar el mantra que repetían en elecciones de «Ikea sí, macrocentro no», ante el desconcierto de los comerciantes. El alcalde sí se ha pronunciado instando a Ikea a desvincularse del ATE y de Rabasa para hacer viable su instalación con la rapidez y seguridad jurídica que se comprometió a ofrecerles.
Esta es la situación alcanzada trece años después de que Ikea hiciera pública su intención de implantarse en Alicante. Aunque propietarios de suelo de Rabasa aseguran que la multinacional ya les tanteó en 2001, no fue hasta septiembre de 2002 cuando Ikea confirmó que incluiría a la ciudad en su plan de expansión. Realizó sondeos en el PAU 1, pero finalmente se decantó, en el año 2006, por construir su centro comercial en los terrenos del Plan Rabasa (entre la autovía y la avenida de la Universidad), donde disponía de una mayor superficie para implantar su tienda acompañada de un macrocentro comercial.
En total, 300.000 metros cuadrados de superficie, de los que 125.000 serían edificables (unos 42.000 para la tienda y otros 83.000 para el macrocentro comercial anexo). Bajo esos parámetros, su implantación comenzó a tramitarse dentro del Plan Rabasa, promovido por Ortiz, a finales de 2010. Desde que se conociera el proyecto los comerciantes marcaron su postura de sí a Ikea y no al macrocentro que llevaba aparejado.
Comenzó a tramitarse estando abierto un procedimiento judicial en contra del Plan Rabasa, que concluyó en mayo de 2013 con una cascada de sentencias del Tribunal Superior de Justicia anulando el polémico plan parcial anulando el polémico plan parcial y que en junio de este año ratificó el Supremo. De forma paralela a este procedimiento, se abrió una investigación penal por el presunto amaño del Plan Rabasa en otoño de 2012 -con la imputación, entre otros, de Ortiz y la exalcaldesa, Sonia Castedo- que aún no se ha resuelto.
Para sortear la anulación judicial del Plan Rabasa, en 2013 Ortiz promovió la llegada de la multinacional y su macrocentro como una Actuación Territorial Estratégica, dejando la gestión de los terrenos en manos del Consell e incluyendo el proyecto de 300.000 metros cuadrados de la multinacional en otro de dos millones de metros cuadrados. En él, la superficie comercial se ampliaba hasta los 551.000 metros cuadrados (158.000 de ellos edificables) y se acompañaba de un área tecnológica y de un parque público en las Lagunas de Rabasa. Fue bajo el mandato del alcalde Miguel Valor (entre enero y mayo de 2015) cuando el Ayuntamiento logró alcanzar un consenso inédito con los comerciantes para exigir al Consell, con el respaldo de informes técnicos, que el eje de la actuación no fuera el comercio más allá de Ikea sino el área científico empresarial.
El nuevo equipo de gobierno -PSOE, Guanyar y Compromís- pidió la retirada del ATE al Consell nada más llegar, cumpliendo así con un compromiso electoral. De momento, la administración autonómica lo mantiene paralizado. Es en ese punto donde se encuentra el proyecto después de trece años. Un periplo que Ikea, en junio, definió como un «infierno» ante el tripartito.
