Reclamaciones por escrito para que las becas de comedor se extiendan a familias con rentas desde 5.000 euros al año, y serias dudas sobre el anunciado programa de gratuidad de los libros de texto marcan hoy el comienzo de las clases para 122.643 alumnos en los colegios de la provincia.
El inicio del comedor escolar desde el primer día de clase es de las pocas medidas adoptadas por el nuevo Consell que no ha recibido crítica alguna, sin embargo desde la federación provincial mayoritaria de los centros públicos han remitido ya por escrito una reclamación para que estas ayudas no se limiten a los «pobres de solemnidad».
Esta misma mañana les recibe el director general de Centros de la Conselleria de Educación, Ximo Carrión, ante quien demandan que las becas de comedor se amplíen, al menos con un 40% del coste del menú, a familias con 8 y 9 puntos y hasta poco más de 5.000 euros de renta per cápita.
El Consell ha aumentado en 7 millones de euros el presupuesto para los comedores, para abarcar todos los días de septiembre y junio que hasta ahora no se cubrían, pero mantiene los mismos requisitos que había para la beca, a partir de 15 puntos y 2.500 euros de renta per cápita. El total de alumnos beneficiarios en la provincia es de 33.000 pero, según asegura la Fapa Gabriel Miró, solicitan la ayuda el doble.
Autobuses
El transporte escolar también forma parte de las reivindicaciones más inmediatas de los representantes de los padres porque, como subraya el presidente, Ramón López, «al menos un millar de alumnos de Benidorm y otros casi 800 de Orihuela que tenían derecho a autobús el curso pasado, se quedan sin él este año pese a que los requisitos se han ampliado al eliminar la línea recta, ¿cómo es eso posible?». Es la pregunta que trasladarán al director general esta misma mañana.
Precisamente con respecto al transporte, el departamento que dirige Vicent Marzà tuvo que desplegar ayer todos sus recursos para salvar, in extremis, un plantón acordado a primera hora por la federación provincial del transporte escolar en Alicante. Las empresas de Valencia tenían sus dudas y las de Castellón habían optado por salir.
La decisión adoptada en julio por el nuevo Consell, de paralizar y cambiar la licitación que dejó a punto la anterior responsable de Educación, exigía prorrogar al menos un año más las concesiones del curso pasado. La ausencia de los documentos llevó a los transportistas a negarse a sacar los autobuses por la falta de seguridad tanto para ellos como para los alumnos. «Si sucedía algo estábamos vendidos, no podíamos sacar los autobuses en esas condiciones», apuntaron a este diario.
Más de 17.000 alumnos tienen derecho al transporte en la provincia y a las 15.00 horas llegaron las autorizaciones necesarias.
Textos
Por su parte, la federación provincial de padres de alumnos de centros concertados católicos, Escuela y Familia, ha lanzado una advertencia a las familias para que no sucumban ante lo que consideran un «engaño» hacia la gratuidad de los libros de texto. Julia María Llopis apunta que se ha cargado sobre las familias todo el operativo, y sobre otras instituciones, -ayuntamientos y diputaciones- el coste de las ayudas de 200 euros por alumno «y no lo vemos claro, porque si lo que quieren es derogar la Lomce, el curso que viene podrían volver a cambiar los libros e irse al traste la pretendida gratuidad».
El presidente de la Diputación provincial volvió ayer a rechazar estas ayudas que identifica con medidas como el «cheque bebé socialista, que llevaron a la ruina a este país».
