Las Cortes Valencianas convalidaron ayer, con los votos a favor del PSPV, Compormís, Ciudadanos y Podemos y la abstención del PP, el decreto ley que ha devuelto la cobertura sanitaria a las personas extranjeras en situación administrativa irregular.
La normativa devuelve la cobertura sanitaria a 30.000 personas hasta ahora excluidas del sistema público de sanidad, a las que se concederá una tarjeta sanitaria similar a las SIP convencionales, tendrán acceso a la cartera básica de servicios, se les asignará un facultativo de medicina general y contarán con la prescripción de medicamentos en receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas. Para acceder a la tarjeta el ciudadano debe ser extranjero mayor de edad, estar empadronado en algún municipio de la Comunidad un mínimo de tres meses y no debe tener cobertura sanitaria ni en España ni por parte de un seguro sanitario, una mutua o un tercer país.
La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, destacó que la norma defiende el derecho fundamental a la salud de todas las personas «con el mismo espíritu que lo hiciera hace 30 años Ernest Lluch en defensa de la universalización de la asistencia». Para Carmen Montón, «en cuestiones de salud, no hay inmigrantes y nacionales, hay personas».
El decreto de universalidad de la atención ya ha permitido que «en algo más de un mes de funcionamiento sean más de 2.800 personas las que han accedido a una atención sanitaria normalizada», resaltó Montón, quien también aseveró que «en estos meses, el Gobierno de la Comunitat ha sido referencia en España por devolver derechos y defender la salud de las personas, dando solución a un problema que creó el Gobierno de Rajoy en 2012» con la aprobación del Real Decreto 16/2012 que excluyó a los inmigrantes en situación irregular de la sanidad pública. Montón cifró en 127.000 el número de personas a las que afectó la medida en la Comunidad.
La portavoz adjunta del PP, María José Català, afirmó que los populares quieren que se garantice la atención a todos los ciudadanos, pero acusó al Consell de ser «parcialmente solidario» por restringir ese derecho a los que estén empadronados en algún municipio de la Comunidad un mínimo de 3 meses. También denunció que el decreto supone «una injerencia clara en las competencias del Estado», pues es a éste a quien corresponde establecer el núcleo básico de beneficiarios, al tiempo que defendió que durante la etapa de gobierno del PP «nadie se ha quedado sin prestación Sanitaria».
